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El Gobierno anunció esta semana el pago de 800 millones de dólares a los acreedores de los bonos de la deuda soberana.
De acuerdo con el economista, José Luis Magaña, de Panorama Económico, el pago que hizo el Gobierno a los acreedores es cuestión de responsabilidad; son obligaciones que el Ejecutivo debía hacer, enfatizó Magaña. Además, cuestionó la forma en la que el presidente hizo el anuncio del pago de una obligación.
Magaña añadió que el pago se hizo con una reestructuración de la deuda y con base en otros préstamos y reservas internacionales. Aclaró que el Gobierno no puede celebrar el pago con los acreedores internacionales, cuando tiene muchas más deudas con la ciudadanía como el impago de la Pensión Básica Universal, por ejemplo, o el alto costo de la vida, por el que atraviesa la población salvadoreña actualmente.
Por su parte, el economista Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, aseveró en su cuenta de Twitter que el Gobierno salvadoreño pagó lo restante del bono 2023 a través de lo que denominó, el año pasado, como la estrategia del «puchito»: utilizar nueva deuda de diversas fuentes y las reservas internacionales del país, las cuales están en niveles muy bajos.