CSJ pone candado a información de funcionarios que no cumplen con obligaciones de probidad
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana; René Valiente, coordinador del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana | Foto Radio YSUCA
Acción Ciudadana denunció que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, ha bloqueado la entrega de información relacionada con datos estadísticos, nombres y cargos de aquellos funcionarios que no han entregado su declaración de patrimonio.
El argumento de la CSJ para negar la información se centra en un criterio de la Sala de lo Contencioso Administrativo muy extenso, donde el tribunal únicamente se refiere a las declaraciones juradas de patrimonio y los informes de la sección de Probidad. Sin embargo, Acción Ciudadana solo pedía el registro, es decir, los datos estadísticos.
De acuerdo con Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, desde 2019 venían realizando un monitoreo sobre aquellos funcionarios que no habían presentado su declaración patrimonial. De acuerdo con el último monitoreo que realizó la organización el año pasado, 6 mil funcionarios públicos no habían presentado su declaración de patrimonio, incluida la declaración de inicio y final de sus funciones.
Escobar dijo que la Corte Suprema de Justicia no había negado antes esta información. Les parece curioso que ahora bloqueen información importante.
A juicio de Escobar, dicho bloqueo significa un retroceso que cierra las puertas para acceder a la información de probidad y verificar que no haya enriquecimiento ilícito de parte de los funcionarios.
Rene Valiente, coordinador del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana, reiteró que el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia responde a dilatar la petición.
Desde el año 2015, con la resolución NUE 69-A-2015, se dio a conocer información sobre las declaraciones de patrimonio de funcionarios y servidores públicos, lo que posibilitó la reactivación de la Sección de Probidad y la investigación y posible juzgamiento de graves casos de enriquecimiento ilícito que de otra forma hubieran caducado.
La resolución de la CSJ viola los principios de seguridad jurídica, máxima publicidad y de irreductibilidad y no regresión de los derechos humanos. Según Acción Ciudadana es una denegatoria injustificada que afecta el combate a la corrupción, a la vez que implica un retroceso en estándares de transparencia.
¿Qué pretende la CSJ ocultando información sobre los funcionarios que no cumplen con obligaciones de probidad? Esa es la pregunta que se hicieron los integrantes de la organización.