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En los años que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, lleva haciendo el análisis de la situación anual de los derechos humanos en el país, la preocupación mayor se repartía entre los derechos vinculados a la vida y la seguridad ciudadana y los económicos, sociales y culturales. Aunque la situación continúa siendo grave en todos los derechos mencionados, la preocupación más extendida en los debates y críticas ha sido durante el 2020, además de los relativos a la pandemia, aquellos derechos políticos y civiles que tienen que ver con la salud institucional de la democracia.

El afán presidencial de presentarse como salvador de los graves problemas de El Salvador, así como de la delicada situación generada por pandemia, acabó tiñéndose muy rápidamente de autoritarismo. Ya poco antes de que afectara la pandemia, el Gobierno había dado una muestra de autoritarismo inconcebible en una democracia. Tanto a nivel nacional como internacional se recuerda todavía con estupor la entrada del Presidente en la Asamblea Legislativa acompañado de soldados y policías fuertemente armados, profiriendo amenazas y diciendo que no hizo más contra los diputados porque Dios le pidió paciencia. Las discusiones en torno a la gestión de la pandemia desde muy pronto se politizaron y se convirtieron en argumento de cara a las elecciones del año 2021.

 

 

 

Derecho a la vida

El número de homicidios bajó ostensiblemente en el año 2020. Los datos oficiales nos hablan de 1332 muertes violentas, lo que significa una tasa anual de 19.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Teniendo en cuenta que venimos de una proporción de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes el año 2015, los números actuales presentan una considerable disminución, sin embargo siguen siendo una pandemia en el país, según el director del IDHUCA, el sacerdote jesuita José María Tojeira.

 

 

 

Dentro del derecho a la vida, el IDHUCA analizó la violencia contra la mujer. La Fiscalía General de la República registró 2,391 víctimas de violencia sexual entre enero y agosto de 2020.

Por otra parte, en las muertes en tráfico hay una seria responsabilidad del Estado, pues las 1051 registradas por el viceministerio de transporte alcanzan el índice epidémico de 16 muertes por cada 100.000 habitantes.

Crímenes del pasado

El año 2020 comenzó con una nueva ley de justicia transicional en la que después de un largo tiempo en el que los diputados buscaban descaradamente la impunidad de los victimarios, llegaron a un relativo acercamiento con defensores de víctimas. Entre el veto presidencial y la pandemia, la ley quedó en el olvido. Y el gobierno del presidente Bukele, que había comenzado su mandato borrando el nombre del coronel Domingo Monterrosa del muro de la tercera brigada de infantería en San Miguel, terminó desobedeciendo la orden judicial de abrir archivos militares, impidiendo el acceso a los mismos y alegando temas de seguridad nacional.

El caso jesuitas, estancado en la Sala de lo Penal tras múltiples apelaciones, se encontró con la ratificación del sobreseimiento definitivo a los acusados de autoría mediata en el crimen. Esto dijo al respecto el director del IDHUCA

 

 

 

Derechos económicos y sociales

Según el informe del IDHUCA, aunque ha habido algunas medidas gubernamentales para suavizar la problemática económica de los sectores en pobreza, desde la entrega monetaria de 300 dólares por una sola vez, a la entrega relativamente constante de canastas alimenticias, no se perfila todavía una respuesta estructural al problema de la pobreza. Si bien la pérdida de empleo se ha podido medir a partir de la información de cotizantes al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), en el campo del trabajo informal la situación ha sido generalmente peor. Los datos nos hablan de casi 80.000 empleos formales perdidos hasta junio, de los cuales se recuperaron 58.314, si se tiene en cuenta el crecimiento de cotizantes entre julio y diciembre. Pero a pesar de la recuperación, aun faltaría un poco más de 20.000 empleos para llegar a la cantidad de cotizantes con las que contaba el SAP en Febrero de 2020.

Otros derechos básicos como la salud o la educación han sufrido también un deterioro, dijo Tojeira.

 

 

 

Según el informe del IDHUCA, El sistema de pensiones respalda solamente al 25% de la población, teniendo una muy escasa incidencia en los quintiles de menores recursos de la población. A pesar de haber ratificado en 2018 la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, los ancianos continúan con niveles muy altos de desprotección. En la vivienda popular permanecen serios problemas de hacinamiento.

Casos tratados por el IDHUCA

En el año 2020, el IDHUCA recibió 252 casos que buscaban asesoría o acompañamiento legal y 155 casos relativos a protección humanitaria. De todos estos casos, el IDHUCA admitió y brindó asistencia a un total de 327, en donde se identificaron a 849 personas beneficiadas.

El 30 de marzo de 2021 fue publicado el informe de Derechos Humanos en El Salvador del Departamento de Estado de Estados Unidos. El informe se divide en siete secciones: integridad de las personas; libertades civiles; libertades políticas; corrupción y falta de transparencia; actitud del gobierno ante investigaciones internacionales por supuestos abusos; discriminación, abusos sociales y tráfico de personas; y derechos de los trabajadores.

El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, indica que este informe viene a reflejar lo que múltiples voces de la sociedad civil dijeron en el día a día, durante el año pasado.

 

 

 

El departamento de Estado de Estados Unidos señala que en El Salvador en ocasiones “las autoridades civiles no mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad” e hizo referencia a la toma de la Asamblea Legislativa por parte de Nayib Bukele el 9 de febrero de 2020. El informe estadounidense también evidencia las compras irregulares durante la pandemia, cita los casos del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; y el exdirector del FONAES, Jorge “Koky” Aguilar. La defensora de derechos humanos, Celia Medrano, afirma que es importante la vinculación que hace el informe de corrupción y Derechos Humanos

 

 

 

 

El IDHUCA recomendó al Órgano Ejecutivo en su informe de derechos humanos de 2020: disminuir la presencia de la Fuerza Armada en labores de seguridad y nombre un Ministro de Defensa civil; Fortalecer a la PNC y promover su mayor presencia y cercanía a la población en el territorio; Respetar la autonomía del IAIP, colaborar brindando la información pública solicitada y Colaborar activamente con otras instituciones estatales en la rendición de cuentas.

 

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