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A lo largo del año 2020 la problemática de los Derechos Humanos estuvo marcada por la pandemia de covid-19 que ha tenido a la humanidad en vilo.

El Gobierno ha reconocido 1327 muertes durante el año 2020 atribuidas al covid-19, dentro de un total de 45,960 casos de personas confirmadas de coronavirus. Sin embargo, tanto datos oficiales como observaciones internacionales hablan de la posibilidad de que el número real de fallecidos a causa de la pandemia triplique la cantidad reconocida por el Gobierno. En El Salvador mueren anualmente en torno a las 45.000 personas, por diferentes causas, desde enfermedades comunes hasta el homicidio o los accidentes de tránsito. Según datos recogidos por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH, hasta septiembre de 2020, el país registraba aproximadamente 38.000 defunciones. Haciendo un cálculo de promedio de muertes por mes y arrastrándolo hacia los 12 meses del año, el número de muertes estaría llegando a las 50.000. Teniendo en cuenta la baja de muertes por homicidio y tráfico, este aumento de 5.000 muertes en un año habría que atribuirlo, al menos en parte, a la pandemia.

En un primer momento las medidas drásticas de confinamiento fueron bien aceptadas por la mayoría de la población. Sin embargo, las críticas comenzaron a surgir en la medida que se iban conociendo los errores de tipo organizativo en los centros de contención, los castigos que incluían privaciones de libertad a quienes la Policía Nacional Civil (PNC) juzgara que habían infringido el confinamiento domiciliar, la falta de diálogo en las decisiones que afectaban derechos de las personas, así como algunos hechos de corrupción.

Cuando la Asamblea Legislativa o la Sala de lo Constitucional reclamaban que el desarrollo de medidas preventivas de la pandemia fuera coherente con las disposiciones legales salvadoreñas, los enfrentamientos, insultos y desobediencias se multiplicaron. Los periodistas, y en menor medida los defensores de DDHH, se convirtieron en objetivo de insultos, amenazas y falsas acusaciones. El deterioro de los Derechos Humanos fue rápido. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, registró 125 agresiones a periodistas durante el año 2020, la mayoría de ellas realizadas desde el Estado, así lo dijo la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo.

 

 

 

El informe del IDHUCA enfatiza que pensar que con autoritarismo se superan las contradicciones es siempre un error que se acaba pagando con el correr del tiempo. Uno de los mayores errores desde el campo de los Derechos Humanos fue la institucionalización de los centros de contención, así lo explicó el director del IDHUCA, el sacerdote jesuita José María Tojeira.

 

 

 

A esto se añadió muy rápidamente la desatención a los llamados “varados” en otros países, a los que no se les facilitó el retorno a El Salvador hasta que la Sala de lo Constitucional los protegió, insistiendo en el deber del Estado de facilitarles el retorno al país.

 

 

Sobre este tema se pronunciaba el Idhuca el 16 de abril diciendo: “el poco apoyo a los salvadoreños varados en el exterior hace pensar en una violación a la pronta respuesta que ellos necesitan. A estos compatriotas se les puede pedir un tiempo de espera dadas las circunstancias. Pero especificando fechas y dándoles información adecuada. Si eso no se hace hay una clara violación de derechos. La situación está, además, en claro contraste con el trato que se les da a los salvadoreños deportados de Estados Unidos. Cuando los funcionarios gubernamentales se disculpan diciendo que con Estados Unidos hay un Convenio, olvidan que también hay otros Convenios, y más importantes, con los Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado salvadoreño”.

El informe del IDHUCA también da cuenta que en el mismo contexto de la pandemia se dio también una violación grave a los derechos de los privados de libertad, ya de por sí población salvadoreña sumamente vulnerable, aunque algunos de ellos hayan cometido graves crímenes. Para el padre José María Tojeira un castigo general es absurdo y rompe con convenios internacionales.

 

 

 

El Informe del IDHUCA también registró la violencia contra menores de edad. En los cinco primeros meses del año la Fiscalía anunció que había gestionado 974 acusaciones de violencia contra menores. De éstas, 457 casos son de violación de menor e incapaz. Se da un claro contraste con los más de 2000 casos denunciados en el primer semestre del año 2019. Sin embargo, los números pueden tener un fuerte subregistro, dadas las dificultades para denunciar en tiempo de confinamiento familiar, miedo a la convivencia permanente, amenazas y control mayor del agresor, etc.

Además, el informe del IDHUCA evidenció que en el campo laboral la mujer fue la más afectada. Las trabajadoras de la maquila Industrias Florenzi son en El Salvador un claro ejemplo de la dureza del desempleo para la mujer y de la irresponsabilidad tanto de la empresa como del Estado a la hora de indemnizar a las más de 100 trabajadoras que se quedaron sin empleo. Nery Ramírez fue una de las afectadas.

 

 

Por otro lado, el informe del IDHUCA afirma que, en general, la despreocupación por los derechos de los débiles y desamparados ha sido un problema generalizado en los diferentes gobiernos de El Salvador. Con la experiencia internacional de crisis en las casas de ancianos, resultó sumamente triste que no se previera y protegiera adecuadamente a los ancianos del Asilo Sara Zaldívar, en el que se habla de al menos50 fallecidos por COVID-19.

Según una investigación realizada por YSUCA, antes de que el Covid-19 ingresara al país, en el Centro de Ancianos Sara Zaldívar residían 220 adultos mayores. Luego de la crisis que vivió el centro debido al contagio de los adultos mayores, el registro al mes de agosto de 2020 indicaba que solo había 130 ancianos. Los empleados del asilo concluyeron en aquel momento que los 90 ancianos que hacían falta fallecieron en medio de la pandemia. Al preguntar a las autoridades del Asilo y del Ministerio de Salud negaron la información y los empleados denunciaron que hubo represalias por haber hecho la denuncia.

Para el director del IDHUCA, el manejo de la pandemia cayó en una tendencia a la propaganda alejada de la verdad, mientras se restringía el derecho al acceso a la información pública.

 

 

 

A principios del mes de junio de 2020, al dolor de la pandemia se le unió la tormenta Amanda que afectó a 25.000 familias. Esto incrementó los niveles de pobreza en el país. En los cálculos de la CEPAL sobre los costos de la pandemia se decía que en El Salvador la pobreza crecería aproximadamente 8 puntos, pasando de un 32% de la población en pobreza a un 40%. Esto es grave, según el padre Tojeira.

 

 

 

La pandemia puede calificarse como la mayor amenaza para la seguridad humana de la población salvadoreña en el presente siglo. Ha afectado a todos, aunque con mayor gravedad a los más pobres, a los adultos mayores, a las mujeres y al personal de salud. En general se suele decir que la seguridad humana tiene cuatro ejes o criterios: Capacidad de resolver pacíficamente los conflictos, goce de todos los derechos humanos (políticos, económicos, sociales y culturales), inclusión social (participación en toma de decisiones), y gobierno de leyes con independencia judicial. Si tuviéramos que medir la seguridad humana del país desde esos cuatro criterios tendríamos un serio problema de calificación. Y vistas las cosas en el contexto de la pandemia se puede decir que la situación empeora notablemente, según el Informe de Derechos Humanos 2020 del IDHUCA.