Se prevén violaciones a derechos humanos, en los próximos 30 días

En marzo del año 2020, la Asamblea Legislativa aprobó un estado de excepción, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, como medida extraordinaria para enfrentar la pandemia del coronavirus. En aquel momento, diversas organizaciones de la sociedad civil registraron una serie de vulneraciones a los derechos humanos de la ciudadanía.

Dos años después, El Salvador vuelve a estar bajo un Régimen de Excepción, por un período de 30 días, esta vez debido al alza de los homicidios.

A diferencia del año 2020, esta vez no se ha restringido la libre movilidad de la ciudadanía; sin embargo, podría haber vulneraciones a los derechos humanos de la población y de integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, según Loyda Robles, Directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.

Después de casi tres años de Gobierno, teniendo control de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, ¿a qué se le atribuye el elevado número de homicidios de los últimos días?, cuestiona Robles.

Además, Robles dijo que con la declaratoria de emergencia máxima en centros penales, se evidencia que no hay control en dichos centros y, además, se estaría violentando derechos y garantías de la población penitenciaria, como ya se vio en el pasado. Se debe tener presente que en las cárceles del país no sólo hay integrantes de pandillas, también hay privados de libertad por otros delitos, incluso hay población dentro de las prisiones que no ha recibido sentencia.

Robles recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que no se pueden suspender las garantías constitucionales, aún en un estado de excepción; sin embargo, el Estado salvadoreño ha hecho caso omiso a esta recomendación.