El Gobierno ha presentado un paquete de reformas de la Ley de Acceso a la Información Pública relacionadas a la clasificación de información oficiosa como reservada, declarar confidencial la declaración patrimonial de probidad de inicio y cese de funciones de los funcionarios y empleados públicos, la eliminación del requisito de elegir ternas de candidatos a comisionados por cada sector: empresarial, sindicatos, académicos, profesionales y periodistas, la extensión de los plazos para la respuesta a las solicitudes de información pasará de 10 días hábiles a 20 días hábiles y se otorgará más atribuciones al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP.
Para el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Wilson Sandoval, estas reformas favorecen a los funcionarios públicos actuales.
Sandoval también dijo que al ser cooptado el IAIP, a nivel local es difícil encontrar una instancia que garantice el derecho de acceso a la Información Pública.
El coordinador de ALAC-FUNDE hizo un llamado a los ciudadanos a ser conscientes de que son sujetos de derechos, por tanto les corresponde saber cómo se gestionan los fondos públicos y pueden exigir que se tenga una buena administración pública en el país.
