Integrantes de la organización Cristosal llegaron a la Corte Suprema de Justicia para entregar a la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Procesal Penal, que permitirá la creación de la figura de “agente encubierto digital”.
A principios de febrero, del presente año, diputados y diputadas oficialistas aprobaron la reforma al Código Procesal Penal que permitirá la figura del “agente encubierto digital”.
Ruth López, jefa del Área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, dice que con estas reformas se está vulnerando el derecho a la intimidad.
Cristosal manifiesta que el uso del “agente encubierto digital” viola la Constitución de la República porque esta operación solo puede habilitarse en una Ley Especial y bajo autorización judicial, ante la vulneración del derecho a la intimidad.
Esta organización reconoce que es importante contar con instrumentos para las investigaciones, pero son necesarias las garantías que protejan el derecho a la privacidad de las personas.
La demanda también señala que otro vicio de inconstitucionalidad está en el artículo 259-D, inciso 1°, que establece que las operaciones encubiertas digitales están a cargo de la Policía, pero con la autorización de la Fiscalía General de la República. Esto violenta el artículo 24 de la Constitución de la República, que establece que cualquier acto calificado como intervención o interferencia a las telecomunicaciones solo puede autorizarse por orden judicial.
López manifiesta que hay irrespeto a los derechos de la ciudadanía y si no hay límites pueden cometerse arbitrariedades.
La abogada señala que ampliar las operaciones encubiertas, sin orden judicial, podría afectar la investigación porque las pruebas que tienen origen ilícito no deben admitirse en una vista pública.
Cristosal aclaró que no reconoce la legitimidad de la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque fue impuesta mediante un acto de inconstitucionalidad. Sin embargo, demanda que dicte medidas cautelares que suspendan provisionalmente la aplicación de las reformas. Agrega que para aprobar una operación digital encubierta, la información que se obtenga debe trasladarse prontamente a quien autorizó la investigación.
