La gente que sufre no está en la agenda presidencial
Mural de víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños
Las víctimas de la guerra, personas que se han desplazado de manera forzada a causa de la violencia, familias migrantes y familiares del personal de salud fallecido durante la pandemia. Ninguno de estos grupos poblacionales estuvo en la agenda del gobierno durante 2021 y tampoco al inicio del 2022.
víctimas de la guerra
La Fuerza Armada, de quien el presidente de la República es el comandante general, sigue negando el acceso a los archivos militares, con lo cual se conocería la verdad de graves crímenes cometidos durante la guerra, como la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Saúl Baños, ha señalado que el bloqueo a los archivos militares por parte del Órgano Ejecutivo es una desobediencia a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, emitida en 2016.
Baños señaló que Bukele vetó la Ley de Reconciliación Nacional emitida por la Asamblea Legislativa y, tras la aprobación de las Reformas a la Ley de la Carrera Judicial, se dio una purga de jueces, que obligó a la salida de Jorge Guzmán, el juez que aperturó el caso de El Mozote y lugares aledaños.
Para el director del Centro Monseñor Romero de la UCA, Rodolfo Cardenal, el Gobierno de Bukele tiene una manía por pensar que todo lo que hace es nuevo, que parte de cero, anula el pasado. En ese sentido, la Firma de los Acuerdos de Paz le molesta, porque él no figura ahí.
Descalifica los Acuerdos, al llamarlos una farsa. Pero, en realidad, las víctimas no le interesan al actual Gobierno, señala Cardenal.
La guerra entre militares y guerrilla no va a volver, el presidente puede decir que los Acuerdos de Paz son una farsa, pero aquella guerra se terminó, afirma el sacerdote jesuita.
Ahora hay otra guerra, es contra las pandillas, cruel e inhumana como la que cesó con los Acuerdos de Paz; y el actual Gobierno no ha hecho nada para finalizarla, advierte el jesuita.
Personas desplazadas a causa de la violencia
Vivienda abandonada por familia desplazada por la violencia, en Panchimalco.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe ‘Tendencias globales de desplazamientos forzados en 2020’ reveló que, solo en el caso de El Salvador, la institución contabilizó 71,500 desplazamientos forzados.
En un informe conjunto publicado por UNICEF y ACNUR en 2020, el 88% de los entrevistados afirmaba que la violencia era la principal razón de su desplazamiento. En el caso de las familias de El Salvador y Honduras coincidían que “las amenazas de muerte, las extorsiones y el reclutamiento por parte de las pandillas eran los factores subyacentes por los cuales se vieron forzadas a huir juntas de su país”.
El Salvador sigue reportando el desplazamiento de familias a nivel interno debido al acoso de las pandillas. Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de enero a marzo de 2021 ocurrieron 24 nuevos casos de desplazamiento forzado dentro del país.
Además, la institución dijo que en 2020, durante la etapa del confinamiento, registraron 83 familias (218 víctimas) que huyeron de sus hogares.
Las organizaciones de sociedad civil no tienen acceso a la información oficial relacionada al número de casos de desplazamientos forzados en el país, ni a la aplicación de la Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno.
La Ley entró en vigencia en enero de 2020, pero el Gobierno no ha aprobado un reglamento, ni designó presupuesto para la atención de las víctimas de desplazamiento forzado, así lo dijo Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal.
Germán Cerros, de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia en El Salvador, señala que si se sigue mostrando una cara bonita sobre la seguridad, y no la realidad, a través de estudios técnicos y el reconocimiento de las víctimas, no se van a tomar decisiones acertadas.
Blanchi Orellana, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dice que se tiene claridad que el desplazamiento forzado es una situación grave a nivel nacional y el discurso gubernamental para intentar minimizarlo, pone en grave riesgo a las personas que están siendo afectadas por esta situación.
Las víctimas de desplazamiento forzado tienen miedo de denunciar ante las instituciones públicas, por temor a represalias, ya que en algunos casos los perpetradores son agentes de seguridad pública, por lo que las víctimas optan por salir del país de manera ilegal, según las organizaciones de la sociedad civil.
La migración forzada en un callejón sin salida
Caravana de migrantes, tras la represión policial y militar en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. | Fotos cortesía de Radio Progreso, Honduras.
La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, RJM-CANA, manifestó su preocupación por las condiciones que enfrentan los migrantes en Centroamérica México, Estados Unidos y Canadá.
También ha denunciado que la migración forzada está en un callejón sin salida, ante la contradicción que existe entre los discursos, las prácticas y las políticas de los gobiernos de la región, principalmente, en los países de tránsito y destino. “La continuidad de las políticas restrictivas, de contención, externalización y militarización de las fronteras no resuelven el problema de fondo de los sistemas de migración y asilo, por el contrario, agudizan la crisis humanitaria en la región”.
Además, la Red Jesuita con Migrantes señaló que “las amenazas a la democracia, la corrupción y la violencia continúan forzando a las personas a migrar. Todo esto agudizado por la crisis socioeconómica a raíz de la COVID-19”.
En el caso de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele trata de invisibilizar el fenómeno de las migraciones y tampoco está interesado en detener las migraciones, según Alberto Velásquez, director ejecutivo de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA).
Datos oficiales de autoridades estadounidenses dan cuenta que las detenciones de compatriotas en la frontera de ese país se han quintuplicado en el año fiscal 2021, cuando registraron 98,690 versus el 2020 que fueron 17,165. Además, datos de la patrulla Fronteriza de Estados Unidos indican que, entre enero y mayo de 2021, detuvo a 6,482 menores Salvadoreños.
Moisés Gómez, de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA e integrante de la Red Jesuita con Migrantes, afirma que estos datos demuestran que es falso que los salvadoreños no están migrando.
A criterio de la especialista en derechos Humanos, Celia Medrano, ningún país está tomando en serio el drama humano por el que están pasando los niños no acompañados.
Medrano aseveró que tanto los países expulsores como los receptores no están atendiendo de manera indicada el tema de la migración de menores no acompañados.
La defensora de derechos humanos dijo que no hay nada que detenga la migración en el Triángulo Norte, mientras los países de origen no generen las condiciones de vida digna para su población.
Familiares del personal de salud fallecido durante la pandemia, en el abandono.
Fotografías de personal de salud fallecido por covid-19, en Plaza de la Salud.
Más de 220 profesionales de la salud han fallecido por covid-19, según registros del Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”; sin embargo, el Ministerio de Salud no cuenta con registros oficiales del personal de salud fallecido durante la pandemia, a pesar que la Sala de lo Constitucional se lo ordenó en una resolución por una demanda de amparo.
La Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud se aprobó en junio de 2020 y fue sancionada por Nayib Bukele en septiembre del mismo año.
Entre los beneficios se encuentra una compensación económica de $30,000 dólares para cada familia, pero durante el año 2021 no fue entregada y para el año 2022 tampoco han sido presupuestados estos fondos.
La Dra. Laura Laínez de Rivas, cuyo esposo, un médico neurocirujano, falleció por covid-19, lamenta que el Gobierno gaste en cosas innecesarias y no resuelva las necesidades de las familias de quienes llaman héroes y heroínas.
El Dr. Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, dijo que es lamentable que las autoridades del Ministerio de Salud no cumplan con sus compromisos legales a favor de las familias del personal de salud fallecido durante la pandemia y a quienes el Estado las tiene abandonadas.
Los familiares del personal de salud fallecido por covid-19 han solicitado atención psicológica, becas académicas para sus hijos y una plaza ecológica, frente al Hospital Rosales, para dedicarla a quienes han ofrendado su vida durante la pandemia.
Las familias afectadas señalan que no descansarán hasta que la memoria de sus seres queridos sea reconocida por el Estado salvadoreño.
Las víctimas de la guerra, de la violencia, de la pobreza y del desamparo del Estado continúan luchando por ser escuchadas, reconocidas y dignificadas. Y cuando el Estado no las escucha, salen a las calles a protestar y acuden a instancias internacionales para reclamar sus derechos y dicen que van a continuar hasta lograr sus demandas.