Nacionales

Jóvenes rechazan permisos de uso del agua con fines lucrativos


Redacción YSUCA / 21 julio 2021 / 4:31 pm

Foto Radio YSUCA, Edgar Franco

Organizaciones de jóvenes condenaron el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos propuesto por el Gobierno y presentado al Congreso Legislativo el pasado 18 julio.

El proyecto de Ley General de Recursos Hídricos propone que el sector privado tenga autorizaciones para extraer más de 473,040 metros cúbicos de agua por año, hasta por un período de 15 años.

Según Abigail Castellanos, de Youth into Action, la iniciativa es una privatización disfrazada en la ley. Además, pone en riesgo el ciclo hidrológico de las cuencas.


“Rechazamos la propuesta de asignación de permisos de uso de agua a grandes entidades lucrativas y explotadoras por volúmenes de agua que podrían comprometer el ciclo hidrológico en las cuencas, menoscabando el acceso al agua, la seguridad y soberanía alimentaría en comunidades trabajadoras, explicó Castellanos


Además Castellanos señaló la necesidad que la población esté informada “sobre el uso y distribución del agua para garantizar que sea un recurso de carácter público, por lo que se necesita una participación activa de las organizaciones sociales, promoviendo un modelo integral en la gestión del agua”.

La iniciativa del Gobierno también plantea que la Administración Salvadoreña del Agua (ASA) podrá autorizar “a particulares” el uso de las aguas de las playas, ríos, lagos, embalses, acuíferos y esteros, por un período de 10 años, entre otros permisos que preocupan.

Al respecto, Gisella Cerritos de ReverdEs aseguró que la actual propuesta de ley tiene vacíos y es muy global en muchos de sus articulados y ese tipo de errores pueden agravar la crisis hídrica del país.

Las organizaciones aseguran que otras empresas privadas afines al Gobierno son las que están siempre incidiendo en la ley del agua, tal como lo hacía la ANEP en otras administraciones parlamentarias.

Los jóvenes hacen el llamado al Gobierno y a los diputados a escuchar a la sociedad civil, ya que a pesar que se creó una Comisión Ad hoc para que diversos sectores den sus aportes, no consta que los diputados tomarán en cuenta los insumos, menos cuando hubo intenciones de declarar bajo reserva el proyecto de ley del agua a la que posteriormente declinaron los funcionarios debido a las criticas y presión de la sociedad civil.


“Denunciamos cualquier acción gubernamental que obstaculice el acceso a la información relativa al proceso legislativo y regulatorio del agua, como la declaración del Ministerio de Medio Ambiente en declarar en reserva por 7 años el anteproyecto de Ley General del Recurso Hídrico, acción que fue revertida gracias a la alerta del movimiento social, dijo Cerritos


Las organizaciones señalan que el derecho humano al agua y la protección de los recursos hídricos son una prioridad, que está sobre todo enfoque mercantilista.

Los jóvenes de las 14 organizaciones exigieron “la aprobación de una ley que ponga el derecho humano al agua sobre intereses comerciales, que asegure el acceso a agua de calidad y en cantidades adecuadas para consumo y saneamiento, priorizando a la población trabajadora y la sustentabilidad de las cuencas hidrográficas y que permita una distribución equitativa y cobro diferenciado a las comunidades, empresas e instituciones por el uso del recurso”


“Las juventudes necesitamos asegurar el agua como un derecho humano, vinculándolo con otras luchas, y así garantizar que generaciones presentes y futuras de salvadoreñas y salvadoreños en conjunto con el ecosistema, no estemos al borde de la muerte por falta de agua, exclamaron los jóvenes.


Además recordaron a la Asamblea Legislativa que aún arrastra una deuda: la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución.

El pasado 18 de julio el ministro de Medio Ambiente presentó la propuesta de Ley de Recurso Hídrico, una propuesta elaborada por el Ejecutivo y que no ha contado con el clamor de la población, pues muchos de sus artículos contienen ambigüedades o contradicciones que no están claras, según diversas organizaciones.

El Salvador lleva 15 años luchando por una Ley de Aguas que priorice el derecho humano, cuido, conservación y participación ciudadana.