Golpe de Estado, golpe a la democracia
Magistrados de la Sala de lo Constitucional | Foto CSJ
En la primera sesión plenaria de la legislatura 2021-2024, la diputada del partido Nuevas Ideas, Suecy Callejas, pidió la dispensa de trámite y la introducción de la pieza de correspondencia para destituir a los cinco Magistrados Propietarios de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: José Óscar Pineda, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento, junto a sus suplentes.
Con 64 votos a favor, 19 en contra y 1 ausente la Asamblea Legislativa aprobó la destitución.
Para el doctor en derecho constitucional y subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, Manuel Escalante, con esta acción el país ha vuelto al pasado.
El director del IDHUCA, el padre José María Tojeira, dijo a través de su cuenta de twitter: “Por si alguno no sabe leer: según el artículo 186 de la Constitución, a los Magistrados de la Corte Suprema solo se les puede destituir por causas específicas, previamente establecidas por la ley. Estos pobres diputados ignoran que ni hay ley ni causas específicas establecidas”.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, ha calificado la acción como un golpe a la institucionalidad democrática.
Por su parte, el Centro de Estudios Jurídicos también se pronunció calificando la destitución de los magistrados como un golpe de Estado en el país.
Acción Ciudadana ha manifestado que dicha propuesta significa una grave alteración del orden constitucional en lo que concierne a la separación de poderes. “Esta propuesta de destitución configura el delito de proposición, conspiración y apología para cometer rebelión o sedición, debido a que depone a funcionarios de la Administración Pública sin el debido proceso”.
Para Acción Ciudadana, las razones expresadas en la iniciativa de destitución muestran una mera inconformidad con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, lo cual no es una causal habilitante para la destitución de los magistrados, ya que es parte del funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos inherente en cualquier Estado Democrático de Derecho.
“Dicho decreto legislativo debe ser declarado por la Sala de lo Constitucional sin efecto jurídico”, afirmó Acción Ciudadana en un comunicado.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Diego García-Sayán, también condenó los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional. “Todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. Esta Relatoría de la ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales en El Salvador”, indicó García-Sayán.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, tras la destitución de los magistrados por la Asamblea Legislativa, dijo a través de su cuenta de twitter: “Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria”