En 2020, la UCA denunció ante la Fiscalía a magistrados de la Sala de lo Penal por el Caso Jesuitas
La misa de funeral de los sacerdotes jesuitas Ignacio Martín Baró, Joaquín López, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes y Amando López en la capilla de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) | Foto archivo de la UCA
En el país hace falta la Ley de Reconciliación Nacional, justicia en la masacre de El Mozote y otras atrocidades e información sobre las miles de desapariciones durante el conflicto armado salvadoreño. En medio de estas deudas del Estado, ¿Cuál es la motivación para que el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentara ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de nulidad, en contra del sobreseimiento a favor de los involucrados en el caso Jesuitas?
Esta es la pregunta que hace el vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, Omar Serrano. “Entonces, habría que ver ¿Qué es lo que les motiva? Porque lo que les debería motivar es un afán de hacer justicia. El afán de hacer justicia. No la venganza, no la revancha, no la ideología de la política, sino de hacer justicia. Y una vez se esclarezca la verdad y la justicia, actuar en consecuencia. Pero en realidad no sabemos lo que motiva a esta gente a actuar de esa manera”.
Ante el amparo presentado por el fiscal nombrado el pasado 1 de mayo, en un proceso muy cuestionado, el rector de la UCA el sacerdote Jesuita, Andreu Oliva, dijo que al Estado le corresponde que haya justicia para todos aquellos crímenes que se comentan en un país y recuerda que son muchísimas las víctimas del conflicto armado salvadoreño. “Sabemos que hace falta mucho, hace falta justicia como hemos dicho, para todos los casos de El Salvador y, además, hay una obligación de la Asamblea Legislativa debido a la sentencia que anuló la Ley de Amnistía, en la Sala de lo Constitucional”.
El rector de la UCA también hizo énfasis en que en El Salvador se debe legislar en materia de justicia transicional, porque hay una deuda importante de la Asamblea Legislativa para que todas las víctimas de El Salvador tengan acceso a la verdad, acceso a la justicia y reparación del daño que se les ha causado. “Las víctimas son las que tienen el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, a que se reconozca todo lo que ellos sufrieron; el daño que se les hizo y es obligación del Estado escuchar a las víctimas”, añadió.
Andreu Oliva también dijo que son miles de casos de desapariciones forzadas en los que no se ha avanzado a pesar que existe una Comisión Nacional de Búsqueda. Según el rector de la UCA, esta comisión ha recibido poco apoyo del actual Gobierno.
Por su parte, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, manifestó que el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras es un tema delicado, en el cual debe haber justicia. “Ciertamente el país está ahora como indefenso. Uno no tiene quién pueda protegerlo cuando necesita justicia. Eso tiene que revisarse, que revertirse porque sin democracia no hay justicia, no hay paz, no hay necesidad de crecer como país y crecer con fraternidad, con concordia. Es un tema delicado, pero tiene que afrontar y también de tratar de superar cuanto antes”.
La familia de los mártires, con la compañía de la UCA, el 27 de noviembre de 2018 solicitaron la reapertura del caso al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador. Sin embargo, por una sentencia considerada fraudulenta de la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, el caso sigue en la impunidad.
El 15 de diciembre de 2020, la UCA interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra dos magistrados de la Sala de lo Penal, José Argueta y Juan Bolaños, por el delito de prevaricato, tras negar la reapertura del caso Jesuitas. Sin embargo, a la fecha, la Fiscalía no ha procedido ante dicha denuncia.
Al presentar la denuncia ante la Fiscalía, en diciembre de 2020, la UCA afirmó que la sentencia de la Sala de lo Penal “es un atentado al Estado de derecho y de los derechos humanos en El Salvador, porque promueve la impunidad”.