La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, a través de un comunicado, expresó que “Desde la perspectiva de políticas públicas, la decisión de establecer un régimen de excepción puede entenderse como el reconocimiento de la falta de efectividad de las acciones del Órgano Ejecutivo en materia de seguridad, en tanto no ha logrado responder adecuadamente a la problemática de violencia del país”.
FESPAD señala que solo entre 2019 y noviembre de 2021, las autoridades reportaron más de 99,169 detenciones en el marco del Plan Control Territorial y, sin embargo, de manera abrupta los homicidios se dispararon, entre el 25 y 27 de marzo, hasta cifras arriba de las registradas en 2015, que fue el año con la mayor tasa de homicidios, hasta ahora.
La Fundación afirma que, a casi tres años de la gestión del actual gobierno, el Plan Control Territorial no pudo evitar un repunte de la violencia homicida, por lo que se acudió a una decisión extrema que implica la suspensión de derechos fundamentales para toda la ciudadanía, sin distinción alguna.
El establecimiento de un Régimen de Excepción solo servirá para facilitar detenciones, pero no resulta una apuesta sustancial para erradicar los factores que propician la violencia que aqueja al país desde hace décadas, advierte FESPAD.
Además, ha hecho un “llamado al Órgano Ejecutivo a que el contexto actual sirva para iniciar un profundo proceso de reflexión en cuanto a cómo construir acciones integrales en materia de seguridad, y el primer paso es, justamente, construir una política pública al respecto, más allá de fines publicitarios”.
