Organizaciones defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, rechazaron todo tipo de violencia en el país y externaron su apoyo a las familias víctimas de la violencia.
Tras la entrada en vigencia del Régimen de Excepción, el pasado 27 de marzo, organizaciones sociales condenaron dichas acciones las cuales han violentando una serie de derechos humanos.
A una semana de la entrada en vigencia del régimen de excepción, Cristosal, el Servicio Social Pasionistas y Azul Originario, han registrado 34 casos de abusos de autoridad. Así lo explicó Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que siempre se han pronunciado contra la violencia, incluso afirmaron que atienden a víctimas de la violencia por pandillas. “Nosotros consideramos que la violencia se combate con políticas efectivas, transparentes; la violencia por parte del Estado lleva a más violencia”, dicen las organizaciones.
Danilo Flores, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, explicó que como defensores de los derechos humanos su labor es la protección y tutela de los derechos humanos.
Flores remarcó que como organizaciones lo que piden es crear políticas de seguridad integrales que no vulneren los derechos humanos de la población.
Las organizaciones señalaron que al Gobierno se le han presentado diversas propuestas para combatir la violencia y políticas públicas de seguridad. Sin embargo, el Ejecutivo no ha dado muestras de interés en torno a dichas propuestas.
También organizaciones internacionales brindaron su postura por el actual contexto de inseguridad en El Salvador y vulneraciones a los derechos humanos.
Astrid Valencia de Amnistía Internacional, dijo que es preocupante que las acciones estatales no estén apegadas al respeto a los derechos humanos.
Por su parte, Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch, lamentó los ataques por parte del presidente de la República contra los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.
En 2021 El Salvador cerró con una tasa de 17.7 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, una suma que continúa siendo elevada para el país, según las organizaciones de derechos humanos y de ahí la necesidad de poder contar con políticas integrales de seguridad pública que aborden no solo la parte represiva de la violencia, sino también la prevención y la inserción de las personas involucradas en ese tipo de hechos, dijo Danilo Flores del Idhuca.
