El Órgano Judicial se suma a la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales

Foto Acción Ciudadana

Los funcionarios y empleados públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial al inicio y al final de su gestión, dichas declaración son de índole público, según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Hace una semana, el Ejecutivo presentó una serie de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que busca poner en reserva las declaraciones patrimoniales. A pesar que desistió de algunas de las reformas, debido a una serie de criticas de diversos sectores de la sociedad salvadoreña, ahora se busca desde el Órgano Judicial la confidencialidad de la declaración patrimonial, indicó el director Ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

Según Escobar, a toda costa el Ejecutivo busca frenar a través de su control institucional, la divulgación de las declaraciones patrimoniales con el control del Órgano Judicial que se había advertido desde el golpe de Estado fraguado por el parlamento el 1 de mayo pasado.

“Los criterios que se están utilizando por Corte Plena o desde la Sala de lo Contencioso Administrativo en lugar de ir abriendo la información para el escrutinio ciudadano va retrocediendo criterios y volviendo confidencial la información. Esto es gracias al golpe de Estado a los magistrados de la Corte”, explicó el abogado.

Escobar añadió que estas acciones solo buscan retroceder en los pocos avances que se tenían en la lucha contra la corrupción y transparencia.

Acción Ciudadana enfatizó la importancia de hacer públicas las declaraciones patrimoniales para investigaciones y para conocer el estado actual de los funcionarios con la ley.

De acuerdo con Mónica Velasco, coordinadora del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana, un total de mil 685 declaraciones patrimoniales no han sido presentadas, en su mayoría, por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud.

Por su parte, los diputados de la Asamblea Legislativa han presentado en su mayoría su declaración patrimonial, sin embargo los diputados suplentes en su mayoría aún no lo hacen. También los diputados salientes en junio adeudan la entrega de su declaración patrimonial de salida, precisa Velasco.

El informe de monitoreo también revela una mora sancionatoria, ya que desde 2014, a la fecha, la Sección de Probidad mantiene 828 procedimientos sancionatorios abiertos contra funcionarios, exfuncionarias y empleados públicos.

Escobar añadió que los funcionarios del Órgano Ejecutivo en general son los que se niegan a hacer su declaración patrimonial.

Acción Ciudadana señaló necesario que el Pleno de la CSJ y la Sección de Probidad establezcan o prioricen la imposición de multas a los incumplimientos en la presentación de las declaraciones de patrimonio.

También que las autoridades que intervienen en materia de probidad pública, adopten sistemas interpretativos integrales en los cuales, la reserva de las declaraciones de patrimonio pueda ser sopesada a la luz de las ventajas que proporciona la fiscalización ciudadana.

Asimismo potenciar el control ciudadano, disminuir la aplicación de los criterios de reserva en materia de probidad y desarrollar o regular adecuadamente la función pública. Todos estos son elementos necesarios para generar cambios conductuales de los servidores públicos, que significarían disminuir los riesgos de corrupción, indicó Acción Ciudadana.