Desde 2019, se incrementan ataques a mujeres periodistas en un 165%
Foto Radio YSUCA / R. Padilla
Ser periodista en El Salvador nunca ha sido fácil. Desde hace tres años ha venido siendo un riesgo aún mayor, ya que la libertad de prensa está amenazada desde el mismo Estado. Esta afirmación se recoge en el estudio, “Mujeres periodistas en primera línea: desafíos de la Libertad de Prensa en El Salvador”, presentado por la Fundación Para el Debido Proceso.
La investigadora del documento, la periodista y defensora de derechos humanos Celia Medrano, dice que actualmente hay permisividad de hechos que violentan la libertad de prensa, que emanan desde el Estado como una especie de política de ataque.
Celia Medrano lamenta que los ataques que se propician desde el Estado se han enfrascado con las mujeres periodistas. La periodista dice que este Gobierno se caracteriza por hacer uso del poder desde una perspectiva masculina y por esta razón las mujeres salen grandemente afectadas.
Según estadísticas de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, desde que Nuevas Ideas está en el poder, los ataques hacia mujeres periodistas se han venido incrementando. Por ejemplo, en el año 2019 hubo 45 agresiones; en 2020, 26 mujeres sufrieron ataques digitales.
Para el año 2021, el Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, revela que los casos denunciados por las mujeres periodistas que han sufrido algún tipo de agresión se incrementaron en un 165%, es decir 68 casos, mientras que para el mismo período de 2020 se registraron 26 casos. Para 2022, hay contabilizados 5 casos.
Este aumento tiene como raíz el constante acoso que mantiene el régimen actual. Según la APES, casi una tercera parte de las 219 denuncias acumuladas del 2021, han sido realizadas por mujeres periodistas. Los incidentes más recurrentes son: restricción al ejercicio periodístico, declaraciones estigmatizantes, bloqueo al acceso de información pública, intimidación, acoso digital y despidos injustificados. Otras denuncias incluyen acoso sexual, agresión física, ataque digital y censuras. Los mayores agresores a mujeres periodistas fueron funcionarios (14) y fuerzas de seguridad pública ( 12).
Pese a que este tipo de agresiones hacia mujeres está contemplado en la legislación salvadoreña y a nivel internacional, debería de estar involucrando en investigación y luego su sanción a diferentes instancias públicas, tales como Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y cualquier funcionario debe estar obligado a presentar aviso formal cuando se estuviese frente a alguna situación de agresión como la antes descrita, dice Medrano.
La defensora de derechos humanos Celia Medrano señala que en El Salvador no hay una normativa específica para la protección a periodistas, ni a comunicadores sociales y que la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, junto a otras organizaciones de la sociedad civil han procurado llenar este vacío, pero sin que prospere en la Asamblea Legislativa.
La investigación realizada señala que el Estado salvadoreño está en la obligación de cumplir estándares nacionales e internacionales en materia de protección del derecho a la libertad de prensa, derecho a la libertad de expresión, derecho al acceso a la información y derecho al libre pensamiento y opinión. De esta forma podría obligarse a los Estados a prevenir agresiones contra periodistas, proteger a personas periodistas que sufren o están expuestas a amenazas a su vida e integridad, y procurar justicia en casos en que hayan sido víctimas de violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, dice la periodista Celia Medrano que el Sistema de Justicia está cooptado y las personas que son víctimas de estos delitos quedan desprotegidas, ya que las instituciones operan sobre la lógica de obedecer al Órgano Ejecutivo, lo que frena el realizar investigaciones objetivas apegadas al derecho, cuando se está frente a una agresión de este tipo.