Colombia enfrenta varios focos de protesta que reclaman un cambio en la conducción del país ante el aumento de la pobreza, que castiga al 42,5% de la población, la desigualdad, la corrupción y el regreso de la violencia después del pacto de paz.
El lunes fracasó un primer diálogo entre el gobierno y el colectivo más visible de los manifestantes, para desactivar la crisis que comenzó con el rechazo en las calles a un proyecto del gobierno que buscaba elevar impuestos y hacer frente a los estragos de la pandemia, que deja casi 79.000 muertos.
Duque “fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública”, lamentó la líder estudiantil Jennifer Pedraza, antes de llamar a nuevas movilizaciones para este miércoles. La Central Unitaria de trabajadores pidió protestar “masivamente” contra la brutalidad policial y no hacer transacciones financieras ese día.
La Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, dio el martes 12 de mayo un balance “41 civiles” y “un miembro de la fuerza pública” muertos.
Las oenegés Indepaz y Temblores dan cuenta de 47 víctimas mortales. El presidente Duque dijo este martes desde Cali que la fuerza pública actúa con “obediencia absoluta a la constitución” y que las “violaciones por conductas individuales” se “judicializan y se investigan”.
“Pese a que nuestra Constitución diga que la Policía es un cuerpo civil que está en un espacio público para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, es un cuerpo armado que tiene un entrenamiento militar para muchas otras cosas distintas a prestar un servicio civil”, dice a RFI Alejandro Lanz, codirector de la ONG Temblores, que monitorea la acción de la fuerza pública en Colombia. “Y esto dentro de la estructura del Estado, hace que la policía sea juzgada por la justicia penal militar. En el entendido de que cualquier actuación policial se entiende que son actos de servicio y los actos de servicio implica que ellos van a tener un fuero especial por parte de la justicia penal militar. Muy pocas veces hemos logrado, y lo estamos litigando desde la organización, que los casos en los que hay un policía involucrado como agente victimario, homicida, físico o sexual, porque hay también muchos casos de violencia sexual registrados, que sean juzgados por la justicia ordinaria. Una justicia independiente que garantiza imparcialidad y que no sean juzgados por la justicia penal militar. Esa es una profunda reforma que se tiene que hacer al interior del Estado. En Colombia no hay una sola garantía judicial para que estos crímenes no queden en la impunidad y las investigaciones sean realmente independientes”.
Alejandro Lanz, codirector de la ONG Temblores, que monitorea la acción de la fuerza pública en Colombia
Cali, la ciudad que retrata la ira popular de una Colombia en crisis
El movimiento de protesta reclama a Duque un cambio de rumbo de su política económica y social ante el aumento de la pobreza, que castiga al 42,5% de los colombianos, y pide la salida del ejército de las calles. Como en Cali, la tercera ciudad del país, que ha sido el epicentro de las protestas y donde el domingo 12 indígenas resultaron heridos cuando fueron atacados con armas de fuego por grupos de civiles que rechazan las movilizaciones.
La tensión estuvo alimentada por los problemas que vive la ciudad, así como la de toda la región del Valle del Cauca.
“En el Valle del Cauca estamos sitiados, no podemos ni entrar ni salir por ninguna de las vías de nuestro departamento”, dice a RFI la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, del conservador Partido Social de Unidad Nacional. “Lo que [los manifestantes dicen] es que no van a levantar el paro hasta que el Gobierno nacional no establezca unas mesas de diálogo con los indígenas y con los jóvenes que representan el mayor número de las personas que se encuentran en estas barricadas. Esos son temas que no podemos solucionar nosotros como dirigentes departamentales y regionales. Nosotros estamos haciendo corredores humanitarios, estamos acordando mesas de concertación donde nos dejen entrar abastecimiento de alimentos, porque por ejemplo, Cali está en un 80% desabastecida, no tenemos gasolina, no nos dejan entrar las vacunas y en tema de salud tenemos que hacer transporte por helicóptero a los municipios. Es una situación grave, es una situación muy lamentable y que esperamos que el Gobierno nacional instale mesas de diálogo que están pidiendo estas comunidades”.
Los representantes del Comité del Paro reclaman al Gobierno que frene la violencia policial, que ha sido denunciada por la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU.
“A mí no me consta”, dice Roldán al ser consultada sobre el uso excesivo de la fuerza policial. “Yo estoy por toda la ciudad y por todo el departamento. La Fuerza Pública ha tratado de recuperar las vías nacionales. Yo sólo puedo decir que el día del paro fue una situación incontrolable. Creo que aquí hay unos organizadores del paro que tienen todo el derecho constitucional a ejercer una protesta pacífica, pero se infiltran otras fuerzas que crearon caos y vandalismo. Las oficinas de la Gobernación del Valle fueron asaltadas, quemaron el primer piso. Si ustedes ven los videos en el centro de Cali, tumbaron las puertas, entraron a almacenes de abastecimiento. En ese momento, ¿a quién recurre uno? A la fuerza policíaca para proteger y que ayude para frenar el vandalismo. Eso no justifica [la violencia policial] y para eso están los organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, haciendo las investigaciones y todo lo pertinente para esclarecer los hechos que se presentaron. Yo de ninguna manera acepto que haya excesos ni por parte de la fuerza de la ley, pero tampoco por parte de los manifestantes”.
De acuerdo a la ONG Temblores, 35 ciudadanos han muerto en Cali, al menos 14 a manos de uniformados. Las autoridades no han registrado policías muertos en la ciudad.
Con AFP.