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El Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, presentó un informe que investiga las afectaciones a familiares de personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción.
Según dijo Gabriela Santos, directora del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, esta investigación se realizó durante un año entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, en un contexto de concentración de poder y sin garantías, debido a que hay un régimen de excepción vigente desde marzo de 2021.
El informe se elabora tomando como base mil casos atendidos por el Idhuca, que corresponden a mil 124 víctimas, de ellas mil 26 fueron por detención arbitraria, 883 hombres, 142 mujeres y una mujer trans, dijo Santos.
Un dato relevante es que alrededor del 75% de personas que llegan a poner denuncias por vulneraciones en el marco del régimen de excepción, corresponde a mujeres.
Según el informe, las principales vulneraciones a familiares de personas privadas de libertad son: detención dentro de los hogares, traslados que no se comunican a la familia y la falta de comunicación con la persona detenida.
El coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, Jorge Rodríguez dijo que el régimen de excepción está causando daños psicológicos, afectaciones físicas y sociales, así como graves impactos familiares en las personas adultas, niños, niñas y adolescentes.
El informe que investiga las afectaciones a familiares de personas privadas de libertad, en el marco del régimen de excepción, señala que el Estado es el principal responsable de estas afectaciones, dice Jorge Rodríguez.
Rodríguez recomienda al Estado establecer protocolos de acción para las instituciones públicas que tienen que ver con procesos de interacción con las familias de las personas privadas de libertad.
El coordinador del OUDH agregó, además, que la ausencia de información y de mecanismos de comunicación efectiva de las diferentes instituciones, agravó y alargó el padecimiento inicial generado por la captura, produciendo impactos psicológicos continuados y graves impactos económicos debido al hecho de asumir los costos de la manutención de los privados de libertad.