Centros Penales cumple seis meses sin liberar a Mauricio Ramírez Landaverde, denuncia Cofappes

Por Milton Rodríguez

Foto: Radio YSUCA

Como un secuestro. Así califica Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador -COFAPPES la decisión del director de Centros Penales, Osiris Luna, de mantener encarcelado al exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, pese a tener orden judicial que dicta su libertad.

La abogada de Cofappes dijo que el 11 de diciembre pasado, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó poner en libertad a Ramírez Landaverde y al ex inspector general de Centros Penales, Ramón Roque, al cumplir dos años de sus capturas y vencerse el tiempo máximo de detención provisional.

Ivania Cruz realizó una cronología de las acciones que Cofappes ha realizado en la defensa de los exfuncionarios, y remarcó que no ha tenido respuesta de ninguna entidad estatal.

“A esta fecha llevan treinta meses en prisión”, indicó Cruz al denunciar que los funcionarios de gobierno están cometiendo posibles delitos de desacato judicial, actos arbitrarios y privación de libertad.

Cruz subraya que en este caso se ha evidenciado que las entidades salvadoreñas no están cumpliendo sus funciones de acuerdo a la ley. Además, expone que a Ramírez Landaverde se le han desarrollado enfermedades dentro del centro penal en el que se encuentra y no se le ha llevado a una consulta externa, pese a tener una orden médica para salir.

Los exfuncionarios están siendo acusados por supuestos actos de corrupción, relacionados a las tiendas carcelarias en el llamado Caso Asocambio y, pese a tener medidas alternas a la detención, desde hace seis meses, aún no los liberan.

Ivania Cruz dice que hay otras razones de parte del gobierno para mantenerlos “secuestrados”. Entre los posibles motivos, la jurista mencionó el cargo de exministro de justicia y seguridad y la información que Ramírez Landaverde maneja sobre el caso “Catedral”, que investigaba presuntos actos de corrupción del gobierno entre marzo de 2020 y abril de 2021, incluidas las negociaciones con las pandillas y el robo de alimentos durante la pandemia.