Falta de austeridad, de empatía con las víctimas del conflicto, agricultores y agentes de seguridad: algunas de las deudas de la Asamblea de Bukele
Imagen Radio YSUCA
Por Milton Rodríguez
Estas son algunas de las quejas de voceros de diferentes sectores que han sido ignorados por años en el país y que reprochan que la Asamblea Legislativa actual -dominada ampliamente por el oficialismo- no respaldó sus peticiones o iniciativas de ley, pese a tener los votos necesarios para aprobarlas.
¿Al servicio de quien estuvo y estará la Asamblea Legislativa, dominada por el partido en el gobierno?
Entrevistada por radio YSUCA, Cesia Rivas, secretaria general del partido Vamos, explicó que la legislatura 2021-2024 dejó de aprobar 140 iniciativas importantes que fueron impulsadas por diversos partidos políticos y algunas del órgano Ejecutivo.
Manifestó que la diputada Claudia Ortiz presentó 31 propuestas, entre estas está la Ley de Justicia Transicional que fue trabajada con las organizaciones de víctimas del conflicto armado. Rivas recuerda que esa iniciativa fue presentada en octubre del 2021 y que la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dijo que se escucharía a quienes elaboraron esa ley.
En entrevista con el estatal Canal 10, Rebeca Santos manifestó al inicio de la legislatura que se comprometía a trazar una ruta para la elaboración de la normativa que, a su juicio, era una deuda histórica, sin embargo a menos de 15 días para finalizar el periodo de la Asamblea, la ley no ha sido aprobada.
Tres defensores de derechos humanos critican el accionar de los diputados de Bukele que dominan la Asamblea y explican por qué estos funcionarios no tienen interés de garantizar justicia a las víctimas.
Hubo desinterés de la Asamblea en la agricultura
Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena expresa que cuando comenzó funciones la legislatura actual se sintió contento porque tuvo la sensación que escuchaban sus peticiones.
El líder agrícola se refiere a la Ley de Creación del Fideicomiso y el Rescate de la Caficultura (FIRECAFE), cuyo monto asciende a 640 millones de dólares y a la Ley de Creación del Fideicomiso para la Soberanía Alimentaria y el Rescate del Sector Agropecuario (FIRESA), para el que se destinarán 650 millones de dólares. Ambos se aprobaron en mayo del 2021.
No obstante, tres años después, Rendón dice que nunca se hizo el desembolso ya que al parecer “no consiguieron los recursos”.
Rendón expone que en los tres años de esta legislatura intentaron ingresar más propuestas de ley, incluso con diputados de los partidos aliados de Bukele, pero lamenta que estas “ni siquiera llegaron al pleno”.
El descontento hacia los diputados que dicen ser los “representantes del pueblo” sigue. Carlos Montes, administrador del Comité Unido para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, dice que el papel de la Asamblea saliente “ha sido deficiente”.
Argumentó su planteamiento al señalar que los parlamentarios no han considerado las recomendaciones que hizo el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, en 2019, cuando sugirió al Estado salvadoreño que las normativas incluyeran el componente de derechos humanos para personas con discapacidad.
Es más, Montes recrimina que la actual legislatura no se preocupó por establecer un tribunal que sancione a las entidades del Estado, que incumplan la normativa que protege a las personas con discapacidad. Recordó que ese tribunal debió entrar en vigencia el 1 de mayo del 2021, pero apunta que los diputados oficialistas impulsaron cada seis meses un decreto de prórroga para que no se constituyera esa instancia sancionadora.
No son los únicos que resienten el abandono de la Asamblea. Erika Regalado, secretaria del Sindicato de Trabajadoras del Hogar Remuneradas, SIMUTHRES, dice que los legisladores de Nuevas Ideas no han respaldado las luchas de este sector que por años se ha enfrentado a una serie de vulneraciones a sus derechos.
En diciembre del 2023, este sindicato realizó un foro para hacer conciencia de la necesidad de que se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para ello invitaron formalmente a diputados de todos los partidos, pero recrimina que Nuevas Ideas no participó.
No ha habido apertura a escuchar nuestras demandas, dice la sindicalista que denuncia que cuando llegaron a la Asamblea a dejar las cartas de invitación para el evento, no querían permitirles el ingreso a la llamada “casa del pueblo”.
Según la OIT, en El Salvador hay 17 mil trabajadoras del hogar que lo máximo que pueden aspirar a ganar son 270 dólares al mes. Regalado subraya la importancia de que se legisle para que estas mujeres puedan llegar a obtener el salario mínimo que ronda los 375 dólares.
La bancada oficialista prometió en mayo de 2021 que eliminarían los privilegios que tenían sus antecesores. Pero en diciembre del 2022, la diputada Claudia Ortiz compartió un documento donde se indicaba que para el año 2023, cada diputado recibiría un salario mensual de $2,311.43; $800 en gastos de representación y $914.29 para transporte y comunicación. Sumando así $4,025.72 al mes.
Agentes de seguridad trabajan más de 90 horas a la semana por un salario mínimo
Eran las 2:50 p.m. del jueves 18 de abril cuando José, un hombre de 49 años, permanecía parado bajo la sombra de una pared color blanco de un edificio ubicado en un centro comercial de Antiguo Cuscatlán. Desde ahí orientaba a los visitantes que llegaban en vehículo y buscaban estacionarse. Vestía camisa y pantalón café, en su manos portaba un arma. Su rostro expresaba preocupación, pero a la vez sonreía a quien pasaba cerca de él.
Trabaja como agente de seguridad desde hace 13 años para una empresa, cuyos dueños son militares, antes trabajó con otra firma en el mismo rubro. Sus jornadas actuales son de 48 horas corridas, luego descansa dos días, y aunque labora horas nocturnas, le pagan un salario mínimo. El Código de Trabajo establece en el artículo 161 que “la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, salvo las excepciones legales, no excederá de ocho horas diarias, ni la nocturna de siete”. El artículo 169 agrega que “todo trabajo verificado en exceso de la jornada ordinaria, será remunerado con un recargo consistente en el ciento por ciento del salario básico por hora”. Pero esto no aplica para José.
Debido a los horarios intensos que ha tenido por muchos años, en la actualidad tiene dificultades para conciliar el sueño en sus días de descanso.
Tiene tres hijos, dos de ellos están pequeños y el mayor que trabajaba en el área de mantenimiento de una clínica privada, fue capturado hace más de un año bajo el régimen de excepción. Según José, lo arrestaron siendo inocente. Esa situación ha ocasionado depresión a su esposa de 47 años.
José manifiesta que tiene compañeros de trabajo que se mantienen en peores condiciones que él, ya que no tienen un lugar donde hacer sus necesidades, permanecen parados bajo el sol y no se les da agua.
Los problemas de este sector tampoco han sido resueltos por los legisladores de Bukele.
El 8 de febrero del 2023, la diputada de Nuevas Ideas, Evelyn Merlos, justificó el retraso en el estudio y aprobación de la ley para la protección de agentes de seguridad privada.
“Paciencia, si la ley de los agentes de seguridad la vamos a aprobar. De hecho, son 156 artículos y ya solo nos faltan 12”, dijo la diputada oficialista en esa ocasión, pero han pasado meses sin discutir el tema y la normativa no fue avalada.
Esta deuda de la Asamblea afecta a un aproximado de 40 mil guardias de seguridad del país, según dijo recientemente Jaime Tobar, vocero del sindicato de empleados de seguridad, quien además manifestó que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, tampoco ha velado por los derechos de estos hombres que en algunos casos trabajan hasta 24 horas continuas, pero solo les pagan 8.
Lo que más han aprobado los diputados son deudas
Por su parte, la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, añade que la diputada Claudia Ortiz presentó un decreto transitorio para quitarle el IVA a la canasta básica y acompañó reformas a la ley de lotificaciones, pero estas no fueron tomadas en cuenta.
Lo que sí aprobó esta legislatura, sin mayor análisis, fue más endeudamiento, critican expertos. Cesia Rivas afirma que esta Asamblea ha aprobado cerca de $6,000 millones en préstamos hasta el momento. Especificó que desde mayo de 2021, a febrero 2024, la deuda pública del Gobierno Central ha aumentado $2,484 millones, equivalente a un 15.49%.
Ante este panorama, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, dijo que la Asamblea no abordó la crisis económica desde una perspectiva que realmente beneficie a las familias salvadoreñas.
Recordó que en marzo del 2022 presentó un pliego de disposiciones para reducir el IVA a la canasta básica, entregar un bono a las mujeres que habían perdido el empleo y que criaban solas a sus hijos y otras propuestas que no pasaron al pleno.
La parlamentaria de izquierda también criticó que esta legislatura descuidó a las mujeres. Un medio impreso publicó recientemente que la Comisión de la Mujer, de mayoría oficialista, tiene 13 meses sin emitir ninguna ley o reforma de las mismas en beneficio de las mujeres salvadoreñas. La mesa legislativa está por cumplir 5 meses de inactividad en el pleno y se reunió únicamente 9 veces durante el año 2023, se lee en la publicación.