El líder de pandillas alias “Crook” habría negociado con el gobierno la detención del exministro Mauricio Ramírez Landaverde
Composición Radio YSUCA
Por Kenia Gómez
El exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, estaba al tanto de las negociaciones entre líderes de pandillas y funcionarios del actual gobierno. Según afirmaciones de Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, (Cofappes), estas negociaciones incluyeron una solicitud de Elmer Canales Rivera, alias “Crook”, para apresar al exministro Landaverde.
La información fue revelada por el mismo ministro mediante un documento enviado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) con fecha 5 de octubre de 2021. Este documento, firmado por Ramírez Landaverde, fue enviado durante el breve periodo en que estuvo en libertad, tras la decisión de la jueza de Instrucción de San Salvador, Edelmira Flores Orellana, de dictar medidas sustitutivas a la detención en octubre de 2021.
En el documento, Ramírez Landaverde menciona haber recibido información de inteligencia durante su gestión como director de la Policía y ministro de Justicia y Seguridad, sobre “peticiones, pláticas y entendimientos entre miembros de maras y pandillas con representantes del movimiento político que participaría en las elecciones presidenciales de 2019 y que ahora es el partido en el gobierno”. Las negociaciones entre miembros de pandillas y representantes del partido en el gobierno, incluían represalias contra funcionarios del gabinete de seguridad anterior.
No obstante, Ramírez Landaverde no detalla específicamente estas negociaciones en el documento entregado a la PDDH, pero la vocera de Cofappes aclara que se refieren a las conversaciones entre el gobierno actual y el líder de la pandilla MS, “Crook”, quien habría solicitado la aprehensión de Ramírez Landaverde como parte del acuerdo.
Otra fuente, consultada por YSUCA, aseguró que el exfuncionario estaba al tanto de todos los detalles del pacto entre el gobierno y “Crook”, sugiriendo que esta sería la verdadera razón de su detención.
“Los jueces tienen miedo de los fallos que van a dictar”, dicen abogados, pues temen por represalias que pueda haber contra ellos.
En el documento enviado a la PDDH, Ramírez Landaverde denuncia violaciones a sus derechos humanos y garantías constitucionales, atribuyendo la persecución política y penal al presidente de la República y otras autoridades del actual gobierno.
Ramírez también hace referencia a una conferencia de prensa del 26 de junio de 2019, en la que el presidente Nayib Bukele, junto al director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, le atribuyó responsabilidad en la comisión de delitos sin presentar pruebas. Bukele ordenó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, que en ese momento era Rogelio Rivas, y a otras autoridades, iniciar una investigación disciplinaria y suspenderlo del cargo en la Policía Nacional Civil (PNC) junto a otros funcionarios. Esta situación llevó a que se iniciara una investigación disciplinaria en su contra.
El exfuncionario solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ser citado para dar una entrevista sobre la acusación, con la intención de presentar documentación sobre su caso. Sin embargo, afirma que ni él ni sus abogados fueron citados por la Fiscalía.
Funcionarios mantienen en prisión al exministro de Seguridad pese a órdenes de libertad
Tuvo conocimiento que la Unidad de Investigación de Delitos de Corrupción de la FGR había pasado a ser dirigida no por fiscales de carrera, sino por abogados provenientes de la Presidencia de la República y que había presiones externas para que se presentara requerimiento fiscal y acusarlo.
Finalmente, la fiscalía lo acusó de Actos Arbitrarios y Peculado en grado de participación como cómplice necesario en perjuicio de la administración pública y ordenó detención administrativa, que se ejecutó el 09 de septiembre de 2021.
Lo acusaron de estar involucrado en la malversación de aproximadamente 14 millones de dólares de las tiendas de centros penales, que administraba Asocambio.
Ramírez Landaverde afirma haberse enterado de que, luego de dos años, el equipo de fiscales concluyó que no había mérito para promover un proceso penal en su contra. Además, el examen especial a los Fondos de Tiendas Institucionales, realizado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) indicaba que no se encontraron irregularidades en el caso Asocambio. Además, el informe determinaba que no hubo desviación de fondos a cuentas personales.
En la audiencia inicial del 14 de septiembre de 2021, la Fiscalía no logró establecer los extremos procesales de los delitos que se le imputan, pero decidió que el caso pasara a instrucción formal. Fue hasta octubre de 2021 que la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador, Edelmira Violeta Flores Orellana, resolvió otorgar medidas sustitutivas a la detención. Esta decisión molestó al personal de la FGR y a los funcionarios de Bukele, quienes esperaban una detención provisional, así lo indica el ex ministro en el documento enviado a la PDDH. La fiscalía apeló la resolución de la jueza.
En enero de 2022, se reiteró la resolución de medidas sustitutivas a la detención. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias para la jueza, quien fue trasladada a otra instancia judicial en Mejicanos. Según Ramírez, esta sucesión de eventos le lleva a concluir que el caso constituye una persecución penal y administrativa con motivación política, por parte de las autoridades que asumieron funciones el 1 de junio de 2019.
Confiando en el sistema judicial, Ramírez Landaverde se entregó a la justicia, confirma la familia del ahora detenido
Ramírez Landaverse se entregó a las autoridades, por su propia voluntad, el 6 de diciembre de 2021, luego de que la Cámara Tercera de lo Penal ordenara recapturar a 19 de los 21 acusados en este proceso judicial.
Según la abogada Ivania Cruz, Ramírez Landaverde confió en que el proceso se iba a desvanecer, tan pronto se demostrara, en el juicio, que él no había cometido delito alguno. Sin embargo, no tomó en cuenta que el hecho de manejar información de las negociaciones sostenidas por el actual gobierno con el líder de pandillas, alias “Crook”, le iba a generar la situación en la que ahora se encuentra.
Tras dos años en prisión, el 11 de diciembre de 2023, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó la libertad de Ramírez Landaverde, debido al vencimiento del plazo legal establecido por el artículo 8 del Código Procesal Penal. Sin embargo, las autoridades del Centro Penal La Esperanza no lo han puesto en libertad.
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, (Cofappes) presentó un aviso penal el 20 de diciembre de 2023 y solicitó al fiscal general, Rodolfo Delgado, que ejerciera acción penal por el delito de desacato judicial, privación de libertad por funcionario o empleado público y actos arbitrarios cometidos contra Mauricio Ramírez Landaverde. Solicitaron una investigación por incumplimiento de una orden judicial, dirigida contra el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director del penal La Esperanza, Juan José Ramírez Montano.
En julio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de El Salvador que aclarara la situación de Mauricio Ramírez Landaverde, dando un plazo de 10 días para responder, a lo cual el gobierno no dio respuesta.
Exfuncionario padece diabetes y una hernia que necesita operación
El exfuncionario padece diabetes y una hernia que requiere operación. La calidad de su alimentación ha empeorado con el régimen de excepción. La delgadez de Ramírez Landaverde es motivo de preocupación para sus defensores y familiares. Sus abogados solicitaron al Tribunal Quinto de Sentencia que se garantice su derecho a la salud y se ordene un chequeo médico en el Instituto de Medicina Legal, para determinar su estado de salud y posibles tratamientos.
Este escrito fue enviado el 03 de marzo de 2024, junto con la petición de que se reitere al director del centro penitenciario La Esperanza, que cumpla con la orden de libertad.
Mientras tanto, Mauricio Ramírez Landaverde continúa sin ser liberado y enfermo en el penal de Mariona, y el caso no muestra avances. No se ha programado una vista pública hasta el momento, y la fiscalía mantiene la acusación contra el exfuncionario, cuyo proceso cuenta con testigos como Osiris Luna, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto a Carlos Marroquín, encargado de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, por liderar negociaciones con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
“En las verdaderas democracias, no hay presos políticos. En un país libre, nadie guarda prisión con independencia de lo que dictan los jueces y las leyes”. (Editorial UCA, 16/02/2022)