A dos años del régimen de excepción, Comité de Solidaridad exige fin a la medida y libertad a personas detenidas sin evidencias
Foto archivo Radio YSUCA
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que suspende derechos ciudadanos.
El decreto fue aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, luego de 87 homicidios que se registraron durante 3 días continuos. Solo el 26 de marzo de 2022, hubo 62 víctimas.
Sin embargo, a dos años de la medida se desconoce si todos los señalados en dichos homicidios han sido capturados o han sido condenados.
En el contexto de los 2 años de la medida, el Comité de Solidaridad con El Salvador en México, mediante un comunicado, dijo que siguen con preocupación la cadena de violaciones a los derechos humanos y garantías básicas contra la población, por parte del Estado salvadoreño.
Opinan que, “un modelo de gobierno que solo ofrece cárcel y garrote a las personas empobrecidas por décadas de políticas neoliberales no es un modelo exitoso que deba ser replicable, sino todo lo contrario: es un fracaso, que tiene al miedo como pilar fundamental”.
El Comité de Solidaridad exige poner fin al régimen de excepción y libertad inmediata de todas las personas detenidas sin evidencias o denuncias concretas. Pide además, el cese del uso del aparato judicial para la persecución contra la oposición política y el retiro de los cordones militares en comunidades organizadas.
Señalan que a raíz de las detenciones, el país tiene actualmente la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 1,086 por cada 100 mil habitantes. Es decir que 1.6% de la población se encuentra privada de libertad, incluyendo 34 personas defensoras de Derechos Humanos y 1,194 menores de edad.
El Socorro Jurídico Humanitario señala que por lo menos 240 personas encarceladas, incluyendo 2 bebés, han fallecido. El Comite de Solidaridad agrega que muchos han sido entregados a sus familiares “con evidencias de golpes o tortura, sin haber recibido ninguna audiencia. Otras, incluso con su carta de liberación sin ser ejecutada”.
Resaltan también los crecientes casos de personas detenidas y llevadas a prisión por razones políticas o exiliadas, además de un incremento a la persecución y hostigamiento de la disidencia y oposición.