Solo el 7.63% del Presupuesto General de la Nación es destinado a instituciones de contraloría, según informe de Acción Ciudadana
Foto Acción Ciudadana
Por Kevin Muñoz
La organización Acción Ciudadana presentó su informe sobre el análisis de los Presupuestos a Instituciones de Control 2024, en el que identifican que solo cubren sus necesidades de operaciones.
Los presupuestos de cuatro instituciones: el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Procuraduría General de la República y el Órgano Judicial, sufrieron una disminución del presupuesto, principalmente en la adquisición de bienes y servicios, así como en la inversión de activos fijos.
Las otras tres instituciones analizadas: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República, tuvieron un aumento leve de su presupuesto con respecto al año anterior.
La FGR solicitó en 2023 un presupuesto de $216 millones, y en 2024 lo redujo a $162,697,367 esto mientras está vigente un estado de excepción y hay una baja judicialización de casos, informó Acción Ciudadana.
Graciela Ayala, coordinadora del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana, dijo que únicamente el 7.63% del Presupuesto General de la Nación es destinado a estas instituciones de contraloría.
Para Acción Ciudadana, los presupuestos dejan en segundo plano la capacitación y contratación de personal, priorizando los gastos financieros y adquisición de bienes y servicios, por lo que Acción Ciudadana ve necesario reevaluar las necesidades presupuestarias.
Aura Silva, investigadora de Acción Ciudadana, recomienda a las instituciones contraloras una publicación transparente de los fondos públicos.
De toda la información solicitada por Acción Ciudadana, se obtuvo el 85%. La Fiscalía fue la institución que manejó la mayoría de información reservada.