La prohibición de un segundo mandato presidencial continuo “no tiene discusión” : exmagistrado de la CSJ
Foto archivo Radio YSUCA
Por Milton Rodríguez
En El Salvador no existe la reelección presidencial inmediata. Así lo afirmó Florentín Meléndez, director técnico del Proyecto Derechos y Dignidad, de Counterpart International, que está siendo financiado por USAID.
“Eso es clarísimo como el agua potable”, dijo el experto. El especialista recordó que la Sala Constitucional de Honduras hizo una interpretación en la cual avaló la reelección, al igual que ha sucedido en El Salvador. Sin embargo, Meléndez remarcó que la prohibición de un segundo mandato presidencial continuo “no tiene discusión”, en las dos naciones.
Esto, según Meléndez, debido a que la Carta Magna de los dos países tiene las mismas disposiciones en las que se garantiza la alternancia en el poder, que no se puede permanecer un día más de finalizar el periodo, que la Asamblea lo debe desconocer si continúa en el poder, entre otras.
El experto subrayó que en El Salvador se le añade dos agravantes a esta acción ilegal.
El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional preguntó quiénes son los que realizan actos directos para la reelección y si estos perderán sus derechos de ciudadanos como lo establece la ley. Mencionó al candidato que se inscribe, la junta directiva del partido y a los magistrados del TSE que lo inscriben.
Meléndez recalcó que la supremacía de la Constitución de la República, la separación de poderes, el respeto al debido proceso son solo algunas de las características que aseguran el funcionamiento de un Estado de derecho.
El especialista dijo a estudiantes de Honduras, Guatemala y El Salvador que las constituciones de los tres países tienen algunos vacíos, pues no incluyen apartados que hablen sobre derechos de las víctimas, de las mujeres, así como del derecho humano al agua y otros.
Meléndez dijo esto al analizar los elementos constitutivos de un Estado de Derecho en la inauguración de la Semana Interuniversitaria sobre Estado de Derecho y Acceso a la Justicia impulsada por el Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central implementado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ.