Los salvadoreños no tienen derecho de acceso a la justicia: Estudio del OUDH
Radio YSUCA
“El derecho de acceso a la justicia” es uno de los derechos más violentados por el régimen de excepción. Así lo revelan los resultados de la investigación “El Acceso a la justicia en el marco del Régimen de Excepción”, presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA- Idhuca, dijo que toda la concentración de poder ha llevado a que no haya independencia e imparcialidad en los procesos judiciales. Santos dijo que hay una serie de leyes y reformas que han anulado garantías judiciales básicas.
El objetivo fundamental del estudio es examinar las condiciones del derecho de acceso a la justicia de la población salvadoreña en el marco de la aplicación del Régimen de Excepción (RE).
En cuanto a los hábeas corpus presentados por diversas personas e instituciones defensoras de derechos humanos, se han presentado 394 ingresados en el período de marzo a mayo del 2022; 896 ingresados en el mismo período del año 2023. Sin embargo, se desconoce la cantidad de los que son admitidos o resueltos, detalla el informe.
Además, Santos cuestiona que durante enero y febrero de 2023 se han presentado también hábeas corpus que no han sido registrados por el sistema de justicia.
El estudio del OUDH, además, revela que las disposiciones especiales transitorias para ordenar el procesamiento de imputados detenidos bajo el régimen de excepción, recientemente aprobadas, permiten el procesamiento sumario, masivo, de personas capturadas bajo el régimen y al margen de las garantías judiciales aún vigentes.
El análisis de casos atendidos por el Idhuca también evidencia graves falencias en torno al acceso a la justicia. En la mayoría de estos, las faltas al debido proceso inician con la misma detención, muchas veces realizadas sin órden judicial o sin una investigación que vincule fehacientemente la participación de la persona detenida a una estructura criminal.
También son constantes las dificultades para que las y los abogados se reúnan con sus defendidos, lo que también impacta negativamente en esta garantía, expresa el OUDH.
En año y medio del régimen de excepción, las autoridades han reportado 72,000 personas capturadas y 7,000 liberadas. Esto ha generado un hacinamiento carcelario que podría llegar al 250%, lo que propicia condiciones inhumanas de detención, reza el informe.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado al menos 5,490 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de este régimen. Las vulneraciones son detenciones arbitrarias (5,200), muertes bajo custodia del Estado (173), desplazamiento forzado interno (223), entre otros graves hechos violatorios como tortura y otros malos tratos hacia población privada de libertad y desapariciones forzadas de corta duración, dice el informe.
Por otro lado, la poca información pública que se tiene, en este caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos revela al menos 272 hechos violatorios contra el derecho de acceso a la justicia en el período que va de enero de 2022 a mayo de 2023.
Según el OUDH, las personas procesadas en estas condiciones serán juzgadas por jueces sin rostro, en audiencias masivas y con mínimo márgen de defensa, probablemente muchos en ausencia, basados en testimonios de referencia, dando igual tratamiento a adultos, niños y adolescentes, sin posibilidad de acceder a los recursos de apelación, señala la investigación.
La cadena de situaciones relatada, empezando por la detención arbitraria, legaliza el procesamiento masivo de personas inocentes sin que el Estado reconozca ni materialice el derecho a la reparación por error judicial, señala la investigación “El Acceso a la justicia en el marco del Régimen de Excepción”, presentado por el OUDH y el Idhuca.