Las instituciones del Estado son las que más infringen la ley de las personas con discapacidad

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Por Milton Rodríguez

Preocupado. Así se encuentra el sector de personas con discapacidad del país ante la decisión del oficialismo de prorrogar, por quinta ocasión, la entrada en vigencia del Capítulo XVIII de la Ley especial de Inclusión de Personas con Discapacidad , aprobada en 2020, y que plantea la creación del Tribunal Sancionador.

Carlos Montes, administrador general del Comité Unido para el Desarrollo Integrado para Personas con Discapacidad, dijo que este retraso afecta fuertemente a dicho sector, pues detiene el cumplimiento de la ley. 

También indicó que esto pone en pausa la imposición de multas y sanciones a las distintas entidades públicas. Subrayó que las instituciones del Estado son las que más infringen la ley en favor de las personas con discapacidad.

La prórroga aprobada  a finales de agosto llegará hasta el 31 de marzo del 2024. El líder social recordó que una comisión legislativa tiene en estudio una propuesta de reformas a la normativa impulsada por el oficialismo que, según Montes, resta valor al Tribunal. 

Montes expresó preocupación por la falta de presupuesto para echar a andar el cumplimiento de la normativa y por la ausencia de un organismo independiente que vigile el desempeño de la legislación.