La vulnerabilidad de las economías familiares
Instituto Universitario de Opinión Pública, Iudop
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En el año 2022, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), se registraron 83,180 nuevos hogares en condición de pobreza extrema en El Salvador respecto al año 2019. Al hablar de pobreza extrema, nos referimos a que los ingresos no logran cubrir ni una sola canasta básica.
En el país, la canasta básica únicamente está conformada por alimentos, dejando fuera al resto de bienes y servicios que son necesarios para una vida digna, como: la salud, la educación, la vivienda, entre otros. En el área urbana, la canasta básica incluye 22 alimentos, mientras que la canasta básica rural solo incluye 15; la canasta básica salvadoreña es la que registra la menor cantidad de alimentos en Centroamérica. Lo anterior, ha sido señalado previamente en el informe de Análisis Socioeconómico de El Salvador (ASES) del Departamento de Economía de la UCA desde el 2019.
Esta situación resulta preocupante especialmente en el actual contexto inflacionario. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, entre agosto de 2021 y mayo de 2023, los precios de los alimentos se han incrementado en un 20.8%, condicionando sustancialmente el poder de compra de los hogares, la satisfacción de sus necesidades y exponiendo la fragilidad de los presupuestos familiares.
En los últimos años, las presiones sobre el costo de la vida han aumentado cada vez más en los hogares salvadoreños. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) lo deja en evidencia; en dicho estudio la mayor parte de la población identifica algún aspecto vinculado a la economía como el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador.
El estudio indica que 52 de cada 100 salvadoreñas y salvadoreños consideran que la situación económica del país sigue igual o ha empeorado con el actual Gobierno. Dentro de ese grupo, 8 de cada 10 personas indicaron que la principal razón por la que la economía del país está en esa condición guarda relación con el aumento de los precios de la canasta básica, el alto costo de la vida y el desempleo.
Mientras 45 de cada 100 personas perciben una mejoría en la situación económica del país con esta administración; entre quienes sostienen esta postura, aproximadamente 5 de cada 10 salvadoreños atribuyen dicha condición al incremento de la seguridad en las calles y al actual cese del pago de extorsión.
Las mejoras señaladas por la población en materia de seguridad han tenido un impacto en su cotidianidad y en sus economías familiares debido a la percepción de que pueden salir a trabajar a partir de las medidas implementadas con el régimen de excepción. Sin embargo, lo anterior no se traduce, necesariamente, en una mejora a los salarios o en mayores fuentes de empleo. De hecho, la encuesta del Iudop revela, que dentro del grupo de la población que reportó mejoras en su situación económica familiar (35.8%), solo un 3.5% lo atribuye al aumento del salario mínimo y a la existencia de más oportunidades laborales.
El garantizar el bienestar económico es una responsabilidad directa del Estado salvadoreño, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución. En los contextos de aumentos sostenidos de los precios, como el actual, es requerido que el Estado actúe a través de una clara política económica que permita, al menos, garantizar la seguridad alimentaria de la población.
Al consultar sobre la capacidad del actual Gobierno para controlar el alza de los precios de los productos de la canasta básica, más de la mitad de la población salvadoreña (59.2%) indicó que el Gobierno controló en poco o nada dicho incremento. Las subidas de precios de los alimentos conducen no solo a reducir la ingesta nutricional de las personas, sino también a reducir otros gastos del hogar que son igualmente esenciales para el día a día.
Lo que el Gobierno no soluciona en materia económica debe resolverse en los hogares salvadoreños. La encuesta del Iudop también revela que 10 de cada 100 salvadoreños declararon tener ingresos mensuales inferiores al total de los gastos realizados en sus hogares en el mismo período. El 54.5% de ese grupo declaró tener ingresos mensuales que no superan los 300 dólares. La cuarta parte de la población que reportó ingresos inferiores a sus gastos (25.9%) declaró que para cubrir esta brecha entre el ingreso y el gasto de sus hogares era necesario realizar actividades adicionales como trabajos complementarios, ventas informales de productos, entre otros.
La ausencia de medidas gubernamentales estratégicas en materia económica no ha permitido un cambio significativo en las condiciones de vida de los hogares salvadoreños, especialmente, en los hogares más pobres. Mientras tanto, los frágiles presupuestos de las familias continúan absorbiendo silenciosamente el actual encarecimiento de la vida en el país sin vislumbrar ninguna certeza de mejoras en el corto plazo.