Foto: CRISTOSAL

Por Milton Rodríguez

En una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , CIDH, organizaciones de sociedad civil salvadoreña denunciaron una serie de violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado salvadoreño bajo el estado de excepción que se ejecuta desde marzo del 2022 en El Salvador.

Los denunciantes detallaron que en los 475 días de la ejecución de tal medida han recibido más de 6,436 denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y sus familiares. Algunas de estas son: detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, tratos crueles e inhumanos, torturas y muertes bajo custodia estatal.

Zaira Navas, de Cristosal, dijo que el Estado no rinde cuentas ni prevé los efectos futuros en la sociedad. Se niega a otorgar información oficial sobre las detenciones y delitos atribuidos, no da información a las familias sobre las muertes y además, algunas de las víctimas han sido enterradas en fosas comunes.

Las organizaciones presentaron un video testimonial que evidencia la condición de vulnerabilidad de las víctimas y la arbitrariedad, opacidad y muertes bajo custodia del Estado. Aseguraron que este, es solo uno de los muchos documentados.

De parte del Estado, participó Adriana Mira, viceministra de relaciones exteriores, el comisionado para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán y el fiscal general, Rodolfo Delgado, quienes defendieron tal medida y negaron los daños de esta.

El titular de la Fiscalía manifestó que no ha recibido denuncias de torturas o tratos humanos degradantes en contra de ningún salvadoreño y dijo que las muertes en centros penales es menor a la de administraciones anteriores.

Julissa Mantilla, de la CIDH, preguntó si el Estado salvadoreño ha iniciado un proceso de reparación para las personas detenidas por el margen de error, las causas precisas por las cuales la fiscalía decidió archivar las muertes en centros penales y otras interrogantes que no fueron respondidas.