El informe sobre la libertad de prensa 2022 de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, plantea una situación complicada debido al régimen de excepción que articuló una serie de reformas legales. A esto se sumó un discurso de odio y estigmatización contra la prensa, según manifiesta Gabriel Labrador, relator de libertad de expresión de la APES.
“El informe sobre la situación de la libertad de prensa en El Salvador: Las vulneraciones continuaron bajo el régimen de excepción” fue presentado en el marco del “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, que se celebra cada 3 de mayo.
El Centro de Monitoreo de la APES reporta 136 agresiones contra periodistas durante 2022, de éstas, el 49% son agresiones a periodistas por parte del gobierno, seguidas de funcionarios de segundo grado y elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.
Labrador manifiesta que la labor periodística enfrentó serios inconvenientes a tal punto que 11 periodistas tuvieron que salir del país.
El Centro de Monitoreo de la APES emitió 35 alertas en 2022 por agresiones a periodistas. Las agresiones más comunes fueron 25 ataques digitales, 23 restricciones al ejercicio periodístico, 29 declaraciones estigmatizantes, 11 instancias de acoso digital, 10 de acoso laboral, 9 de vigilancia y seguimiento, 8 actos de difamación, 6 amenazas y 29 vulneraciones.
Gabriel Labrador dice que la violencia y agresividad de los ataques se ejecutaron contra mujeres periodistas.
El Centro de Monitoreo de la APES reporta una tendencia a modificar marcos legales que bloquean la investigación periodística y pone de ejemplo la legislación por lavado de dinero y activos, las reformas a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y las reformas a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, exige al gobierno detener la criminalización y persecución de las y los periodistas, permita la libre expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública, que son fundamentales para la democracia y que evite obstaculizar la investigación periodística con reformas a las leyes.
