Un año de arbitrariedades y torturas disfrazadas de paz
Por Kenia Gómez
Fotos cortesía del Socorro Jurídico Humanitario
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Un año ha pasado desde el 27 de marzo de 2022, cuando una ola de asesinatos llevó a declarar una emergencia nacional. Desde entonces está en vigencia el régimen de excepción, que hasta marzo de 2023 ha llevado a la cárcel a más de 65 mil personas, la mayoría bajo los delitos de agrupaciones ilícitas. Muchos de los encarcelados fueron detenidos de manera arbitraria, sin pertenecer a una pandilla.
Pese a las denuncias sobre violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones nacionales e internacionales, el régimen continúa, lo que significa que la libertad de asociación sigue suspendida. Los arrestados no tienen derecho a ser informados sobre sus derechos ni sobre las razones de sus detención.
Según el régimen que sigue en vigencia, los capturados pueden pasar hasta 15 días detenidos, pues se amplió el plazo de 72 horas de detención preventiva. Sin embargo, las denuncias indican que muchos llevan hasta un año en detención, sin que la Fiscalía haya podido probar su culpabilidad.
Siete organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado en un año 4,723 casos de violaciones a derechos humanos y más de 5 mil víctimas directas en el marco del régimen de excepción. El 93% de las víctimas afectadas son personas adultas y jóvenes. La detención arbitraria predomina en el 95% de las denuncias.
200 personas han fallecido en el primer año del régimen de excepción
Solo habían pasado tres meses de la aprobación del régimen cuando ya habían fallecido 30 reos en el penal de Izalco. En menos de un mes había fallecido Walter Vladimir Sandoval Peñate, de 32 años. El primer fallecido capturado en el marco del régimen de excepción. Según el reporte de Medicina Legal, Walter falleció por un trauma de tórax severo. Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, fue la cuarta víctima del régimen, quien también tenía signos de tortura. Estaba recluido en el penal de Izalco, pero según el documento de Medicina Legal la causa del fallecimiento fue hipertensión y muerte súbita.
El Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 126 casos de fallecidos en centros penales, en un año del régimen de excepción. Sin embargo, los casos llegan a 200, pero solo en 126 se autorizó la publicación. “Algunos se abstuvieron de dar declaraciones por miedo a ser vinculados o ser capturados”, dijo Stanley Quinteros del Socorro Jurídico Humanitario.
La mayoría de las muertes ocurrieron en el mes de mayo y julio de 2022. En los primeros tres meses de este año han fallecido 23 personas. Nueve en el mes de enero, 8 en febrero y 11 en marzo.
Estos datos coinciden con el informe de las organizaciones de derechos humanos como Cristosal, FESPAD, IDHUCA y el Servicio Social Pasionista, quienes señalan que la mayoría de muertes ocurrieron en los primeros tres meses de régimen, cuando hubo capturas masivas.
Para Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, es curioso que justo en esos meses cuando hubo más detenciones, hubo más fallecidos. Su reflexión es que las muertes pueden estar vinculadas al nivel de hacinamiento en los centros penales.
Sin embargo, los casos de fallecidos pueden ser más, ya que algunos salvadoreños han sido enterrados en fosas comunes sin informar a los familiares. Al menos 3 casos de salvadoreños enterrados en estas fosas han sido comprobados, señala el informe del Socorro Jurídico Humanitario. Esto también lo confirmó el representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, Samuel Ramírez , quien asegura que en una parte del cementerio la Bermeja de San Salvador hay un espacio de fosas comunes donde han sido enterradas varias víctimas del régimen de excepción.
El 48% de fallecidos en el régimen de excepción tuvo una muerte violenta
Lo grave de estos fallecimientos es que de las 126 personas, 60 de ellas, es decir el 48%, estaban bajo custodia del Estado cuando fallecieron. No en todos se ha realizado una autopsia que indique la causa real de la muerte. En muchos de los fallecidos, los informes de Medicina Legal indican como causa de muerte el covid-19, edema y enfisema pulmonares, paros cardíacos, insuficiencia renal, entre otras causas. El Socorro Jurídico ha documentado casos en los que los cuerpos fueron entregados a los familiares en ataúdes sellados. En algunos casos la familia optó por abrir los ataúdes y observaron que los cuerpos tenían señales de violencia, con golpes en diversas partes del cuerpo, es decir, tenían señales de tortura.
El 48% de las personas murió de forma violenta, un 32% murió debido a la negligencia ante la falta de atención médica o por la falta de medicamentos. El 1% a causa de una enfermedad terminal y en el 19% de los casos, se desconoce la causa de la muerte, dijo Stanley Quinteros, del Socorro Juridico Humantario.
El 92% de los fallecidos no pertenecían a pandillas
Eran comerciantes informales, taxistas, dueños de molinos o tiendas, agricultores. El 54% tenían entre 18 y 40 años y el 97% de los fallecidos eran hombres. Según el informe del Socorro Jurídico, de los 126 fallecidos, en el 92% de los casos se trataba de personas que no pertenecían a pandillas y solo un 8% eran integrantes de una estructura criminal.
¿Dónde fallecieron? El 87% murió al interior de un centro penal, un 4% en bartolinas de la PNC y en el 9% de los casos, no se logró determinar dónde estaba cuando falleció. La mayoría eran de los departamentos de San Salvador, seguido de Usulután y San Miguel.
La mayoría estaban recluidos en el penal de Izalco, seguido de Mariona, Apanteos y Quezaltepeque. De los 126 fallecidos un 25% falleció en un centro de reclusión, un 4% en su vivienda, al poco tiempo de haber sido liberados. El 36% de los fallecidos tenían, en promedio, 3 meses de haber sido detenidos.
De 900 hábeas corpus, ninguno ha sido favorable al detenido
“Declárese improcedente la petición de habeas corpus”. “Debe declararse improcedente su petición”. Esas son las respuestas en la mayoría de los 900 hábeas corpus interpuestos por el Socorro Jurídico Humanitario. En escasas peticiones la Sala de lo Constitucional hace prevenciones y en ningún caso ha resuelto a favor del ciudadano.
En uno de los casos, con referencia 1537-2022 de noviembre de 2022, donde se argumenta que el detenido padece úlcera, la Sala previno y solicitó el diagnóstico médico del padecimiento del ciudadano y el tratamiento prescrito que tenía al momento de su captura; así como las citas o exámenes ordenados de acuerdo con la enfermedad.
Pero es difícil obtener los documentos en el plazo de tres días que da la Sala, dice Stanley Quinteros. Generalmente en estos casos se vencen los plazos.
Radio YSUCA revisó algunos hábeas corpus interpuestos en el marco del régimen de excepción y el argumento de la Sala es recurrente. En el caso referencia 1483-2022 con fecha 30 de noviembre de 2022, la Sala argumentó que “hay aspectos de restricciones de libertad que no está habilitada para decidir, si se ha configurado o no, un hecho delictivo, por el cual se ha ejecutado una restricción de libertad en contra de una persona”.
Frente a los hábeas corpus donde se alega que hubo una detención arbitraria, la Sala reafirma que los policías tienen la obligación legal y constitucional de detener personas y colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial para que sea esta quien decida o no la existencia de un delito. En otra resolución dice que la PNC tiene la función de colaborar en la investigación del delito, entre otras actividades, pero con las limitantes de apego a la ley y el respeto de los derechos humanos.
Aun así, los ciudadanos no han obtenido una respuesta a su favor.
Las resoluciones, dice Quinteros, son un copia y pega, en muchos casos solo se cambia el nombre del solicitante. Incluso han documentado varios casos en los que la Sala ha resuelto sin lugar a la solicitud de libertad, pero los peticionarios ya están libres cuando reciben la notificación.
En otros casos el juez ha extendido al detenido una carta en la que decretan medidas sustitutivas a la detención provisional. Sin embargo, siguen presos.
Ante la falta de respuesta no solo de la Sala de lo Constitucional, sino de otras instituciones públicas, cobra mayor sentido la reflexión del padre Rodolfo Cardenal en el artículo de opinión “Seguridad a la deriva”.
“Los hábeas corpus se amontonan sin respuesta en la Corte Suprema de Justicia, los reclamos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos caen en el vacío y los jueces están al servicio de quien les da de comer, no del derecho”, dice el padre Cardenal.
Las reuniones a altas horas de la noche, de los funcionarios del gabinete de seguridad, son una mezcla de ignorancia, superficialidad e improvisación, agrega.
El Socorro Jurídico tiene constancia de más de mil casos en los que los detenidos no pertenecen a estructuras criminales. Esto lo han podido comprobar mediante los arraigos y conocimiento pleno de los denunciantes, dice Stanley Quinteros. Sin embargo, a su juicio son más de 20 mil los inocentes detenidos.
Pero mientras unas familias viven en la incertidumbre ante la detención de sus familiares, otros celebran el régimen de excepción. Pese a la tranquilidad que se vive en algunas zonas del país porque no hay presencia de pandillas o en otras hay menos, no se puede afirmar que vivimos en un país seguro, opina Veronica Reyna del Servicio Social Pasionista. Los salvadoreños no deberían aceptar que esa relativa tranquilidad, que se respira por ahora, sea a costa de violaciones a derechos humanos y del encarcelamiento de miles de inocentes, señala Reyna.
La encuesta de la UCA, a un año del régimen de excepción, da cuenta del respaldo de la población al régimen, pero también del poco conocimiento de los derechos de parte de los ciudadanos encuestados. El 75% no conoce cuáles derechos se han suspendido con la implementación del régimen de excepción. Pero avalan la prórroga del mismo.
Muchos desconocen qué es democracia, estado de derecho, justicia y derechos humanos. Pero avalan un régimen que está violando derechos humanos de muchos salvadoreños.
Para el padre Rodolfo Cardenal, “las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, repetida hasta la náusea, ya empiezan a mostrar sus límites”. Según su opinión, “los hechos muestran que la seguridad ciudadana se encuentra a la deriva, a merced de unos funcionarios que solo velan por la popularidad presidencial”.
En el régimen de excepción todo es comercializable, incluso el dolor y la desesperación de las familias de sus víctimas
En medio del dolor que ha provocado el régimen de excepción a las familias de los detenidos, debido a la falta de información sobre su estado de salud o las condiciones en las que se encuentran en el centro penal donde están recluidos, se suma la especie de extorsión a la que son sometidos.
Solo pueden saber sobre la condición de su familiar, quienes pueden pagar una cantidad de dinero. Es más, les pueden cambiar el expediente, por un costo mayor. Así lo evidencia una investigación periodística de Infobae que reveló la existencia de una red de corrupción en el gobierno, en la que estarían involucrados personal de Centros Penales, entre custodios y administrativos y fiscales. Un jefe de la policía confirmó la información.
Esta red del Gobierno salvadoreño cobra $1,500 dólares a familiares de reos por permitir ver a los presos del régimen de excepción durante dos horas. En otros casos, piden hasta $2,000 dólares “por modificar las actas policiales y los informes ingresados al sistema informático de la Dirección General de Centros Penales (DGCP)” y retirar cualquier vinculación entre los detenidos y las pandillas.
“Arreglar” los expedientes de un detenido puede costar entre $5.000 y $7.000 dólares. A otra persona le ofrecieron cambiar a su familiar a celdas menos hacinadas por $2,000 dólares.
“El régimen de excepción es así una oportunidad más para que funcionarios de todo nivel se agencien ingresos adicionales”, dice el padre Rodolfo Cardenal en el artículo: La corrupción florece en la inseguridad. En este sentido, la mano dura no es tan firme como parece. El dinero la doblega con su poder irresistible.
Frente a esta red corrupta, el padre Cardenal señala que las cantidades de dinero que solicitan son exorbitantes para los ingresos de los familiares de los prisioneros, pero no inalcanzables, endeudándose. Al final “la carga de la deuda se vuelve liviana al permitir el encuentro con el familiar incomunicado y el consuelo mutuo en la desgracia”, reflexiona.
Esta red deja en el aire las amenazas del gabinete de seguridad sobre la mano dura, pues al final “el criterio no es combatir el crimen organizado, sino la popularidad presidencial”.
Así la dictadura es rehén de las pandillas, dice el padre Cardenal, ya que no puede prescindir de ellos si quiere mantener su elevada popularidad. Bukele depende de los pandilleros para su viabilidad política.
El régimen de excepción se convierte en un buen negocio del que se puede sacar provecho económico, pero sobre todo político.