La directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA -Idhuca-, Gabriela Santos, dijo que el régimen de excepción ha suspendido derechos de los salvadoreños y ahora trascendió a la violación de derechos, tanto así, que ha llevado a presuponer que una persona es culpable, cuando no se le ha comprobado un delito. Santos dijo que es obligación del Estado probar que una persona ha cometido un ilícito.
La directora del Idhuca agregó que el régimen es una medida utilizada para intimidar o amenazar a la población. Un ejemplo claro fue el desalojo de los comerciantes al Centro Histórico de San Salvador, quienes fueron amenazados con aplicar el régimen, si no desalojaban las calles.
El régimen de excepción también ha traído falta de acceso a la información, pues muchas de las personas reportadas como fallecidas presentan actas de defunción alteradas. Otras personas desconocen las razones de la muerte de su familiar al interior de los centros penitenciarios, y si recibió la atención médica requerida frente a un padecimiento.
Asimismo, se desconoce las condiciones exactas de las personas capturadas, sin razón. Algunas son mezcladas con pandilleros y se desconoce las condiciones mentales que sufren al interior de las cárceles. “Es grave que una persona inocente fallezca a manos del Estado y por un error del Estado al interior de las cárceles”, dijo Santos.
