Reforma electoral busca intimidar

Foto archivo YSUCA

En El Salvador están vigentes las penas de hasta 15 años de cárcel para quienes obstaculicen la inscripción de candidatos que cumplan requisitos de ley, esto ha sido posible ya que el Código Procesal Penal sufrió modificaciones en su artículo 295.

Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, se trata de una reforma con una intención de intimidación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, ciudadanía en general y miembros de partidos que intentan limitar o impugnar la candidatura posible del presidente Nayib Bukele, quien manifestó su interés por la reelección, el 15 de septiembre de 2022.

Escobar explica que esta reforma sólo busca beneficiar a una persona en particular y no al sistema electoral en su conjunto.

El decreto 649 fue aprobado el 18 de enero de 2023, por la Asamblea Legislativa y enviado a publicar por el presidente Bukele 6 días después, el 24 de enero de 2023.

Las modificaciones también establecen penas de cárcel de entre 15 a 20 años para quienes cometan “casos especiales de fraude electoral”, entendiéndose éste como la colaboración o conspiración de una persona para que otra acceda al sistema informático del proceso electoral, para alterar o manipular el funcionamiento de las plataformas de votación, con la intención de destruir, modificar o alterar los datos o el bloqueo de programas.

Si el delito fuese cometido por un funcionario, mediante amenazas o engaños, se aumentaría en una tercera parte de la pena máxima. En tanto, si quien comete el delito es miembro de una pandilla, la sanción será de 20 a 30 años de prisión. Y si una persona es incitada a cometer estos delitos y no informa a las autoridades, incurrirá en el delito de comisión por omisión.