A un año de la implementación del régimen de excepción, siete organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe sobre violaciones de derechos humanos.
Según el registro de las organizaciones, durante el régimen de excepción han identificado 4 mil 723 casos de violaciones de derechos humanos y 111 personas han fallecido bajo custodia del Estado salvadoreño.
De acuerdo con Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, los datos homologados de las instituciones revelan más de 5 mil víctimas directas de presuntas violaciones a los derechos humanos.
La población mayormente afectada son hombres, con un 83.55% y el 14.62% son mujeres. Los departamentos con mayor cantidad de vulneraciones son: San Salvador, con un total de 1,897 víctimas; seguido de la Libertad, con 566 y Sonsonate, con un total de 462. Otros departamentos afectados son Usulután, con 388 víctimas; Santa Ana, con 357; y Ahuachapán con un total de 280 víctimas. Sin embargo, el régimen ha vulnerado los derechos humanos en todo el territorio nacional.
El 95% de las denuncias documentadas por las seis organizaciones revelan que la característica del régimen de excepción es la detención arbitraria. Dichas violaciones han sido acompañadas de otras, como: amenazas, acoso policial; malos tratos crueles y degradantes, tortura; falta al debido proceso, limitación ilegal a la libre circulación; violencia sexual, entre otras.
Las organizaciones señalaron que no hay claridad en el caso de las muertes ocurridas en los centros penales. Revelan que muchas han sido violentas y otras naturales, pero no se han realizado los procesos, indicó Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.
Asimismo, revelan 31 casos de personas defensoras de derechos humanos detenidas.
Las instituciones también hicieron énfasis en que el nuevo centro de detención de Tecoluca está diseñado para retener a las personas y no para la rehabilitación.
En cuanto a las personas que están a favor del régimen de excepción, se están impulsando medidas excepcionales como una política pública. Suspender derechos constitucionales no es una decisión permanente, sino temporal, enfatizaron las organizaciones.
La necesidad real de dar seguridad no es a través del régimen de excepción, deteniendo arbitrariamente a algunas personas y violentando derechos, detalló la directora del Idhuca.
Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del derecho, FESPAD, dijo que la ciudadanía está contenta por la reducción de los índices de violencia, no a favor del régimen. Sin embargo, el Gobierno, a través de la publicidad, ha impulsado como estrategia las medidas excepcionales.
Por su parte, Rina Montti, de Cristosal, manifestó que hay una estigmatización de la juventud por parte de las Fuerzas Armadas. “Hay un proceso de hostigamiento y tortura afuera, que es una forma adicional de vulneración a los derechos humanos”, dijo Montti.
Las organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado al Estado salvadoreño para que dé fiel cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos.
Las organizaciones que homologaron su información fueron: El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, Azul Originario, el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica, AMATE, Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Servicio Social Pasionista y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
