Justicia social: deuda permanente
Editorial UCA
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Cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, un tipo de justicia que vincula su contenido con el cumplimiento de los derechos básicos de toda la población de un país. En 1983, El Salvador incorporó en la Constitución la justicia social como deber del Estado. Sin embargo, poco se habla de esta obligación e incluso funcionarios públicos toleran o impulsan situaciones injustas. Despreciar los derechos humanos, negarse a dialogar francamente sobre su situación o atacar a defensores de los derechos de la población muestra el desinterés por entender lo que la Constitución le exige al Estado.
Por función, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vela por la justicia social, entendiendo que el trabajo y el salario decente son medios de acceso a la plenitud de derechos. Las Naciones Unidas también la ha tomado como propia y cada año hace una reflexión sobre los avances a nivel mundial en este campo. En particular, para la celebración de este año, propone que la justicia social sea la base para renovar el contrato social entre la población y el Gobierno de cada país, y que se haga un esfuerzo por revertir la tendencia al aumento de la pobreza y la desigualdad. Y es que como camino de reducción de las tensiones sociales, la justicia social es fundamental para el desarrollo inclusivo y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible señalados en la Agenda 2030.
En El Salvador hay mucho camino por recorrer para alcanzar una verdadera justicia social. El salario mínimo es inferior al actual costo de la canasta ampliada. La seguridad social cubre solamente a un cuarto de la población. Las pensiones no llegan a la mayor parte de las personas en edad de jubilación y la reciente reforma del sistema aumentó la pensión en mayor grado a quienes ya recibían una mensualidad elevada , aumentando así las diferencias entre los pensionados. Los habitantes del ámbito rural no cuentan con las ayudas y programas requeridos para solucionar su crónico problema de pobreza y vulnerabilidad. La salud, la educación, la protección de los ancianos y de las mujeres, aunque han ido avanzando, requieren todavía de mucho trabajo para alcanzar estándares adecuados. Que el Estado y la sociedad civil dialoguen sobre la justicia social resulta obligado para sentar las bases de un futuro más estable y de un desarrollo capaz de llevar al país a una mayor concordia y amistad social. Las soluciones individualistas frente a los problemas sociales no garantizan nunca el bienestar general ni el bien común. La justicia social sí, pero es necesario entenderla como objetivo nacional.