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Integrantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional.
El índice clasifica a 180 países y territorios, según el nivel de percepción de la corrupción. Por ejemplo, la primera posición expresa menor percepción de la corrupción y la posición 180, la peor. El Salvador ocupa la posición número 116, una posición menos respecto al año pasado.
En una escala de 0 a 100 el país obtuvo 33 puntos. Es decir que se encuentra por debajo del promedio de la región americana que es de 43 puntos.
Jiovanni Fuentes, coordinador de proyectos de transparencia y anticorrupción de FUNDE, manifiesta que para El Salvador en los últimos 10 años no hay avances sustanciales en la lucha contra la corrupción, y por el contrario hay retroceso en todos los niveles.
Integrantes de FUNDE manifiestan que entre los retrocesos en materia de corrupción en El Salvador está el debilitamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, portales de transparencia y portal de compras públicas desactualizados, abandono de la Alianza de Gobierno Abierto, portal de transparencia fiscal sin disposición de dar información del proyecto del Presupuesto General de la Nación, incluso del aprobado; abandono de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Persecución contra fiscales que investigaban posibles casos de corrupción.
En este punto, Jessica Estrada, directora del área de transparencia de FUNDE, hizo referencia a las personas que forman parte de la lista Engel y que no han sido investigadas.
La finalización del mandato de la CICIES, la falta de información sobre el uso de los fondos públicos en el Organismo de Inteligencia del Estado, es otro de los retrocesos, según FUNDE. Ante esto, hay recomendaciones provenientes de Transparencia Internacional, manifiesta Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).
Transparencia Internacional insta a los gobiernos a combatir la corrupción, reivindicando los derechos a la información; promover la separación de poderes, promover el acceso abierto a la toma de decisiones y compartir la información pública.