Abuso y represión: ciudadanos acosados por policías y militares

Imagen de referencia | Foto archivo Radio YSUCA

Por Kenia Gómez 

Los nombres han sido modificados para su protección.

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“Servir y proteger ante todo” es el lema de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Sin embargo, las acciones de algunos policías dejan en evidencia las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la misma población que debe ser protegida. 

Algunos agentes aprovechan su nivel de poder dentro de la corporación policial para cometer abusos y delitos que destruyen a familias completas. Un caso que muestra esta realidad ocurrió en un cantón del municipio de El Tamarindo, La Unión. 

Cuatro policías agredieron y violaron sexualmente a varias mujeres de una comunidad. Una de ellas, a quien llamaremos Sonia, quedó embarazada, producto de la violación. A partir de la agresión, Sonia  tuvo que esconderse para no ser localizada por sus agresores, luego de la denuncia que interpuso en la Fiscalía General de la República y la Inspectoría General de Seguridad Pública. 

La comunidad donde vivía Sonia era asediada por las pandillas, las familias eran acosadas por los grupos criminales, pero luego la policía comenzó a acosarlos también, hasta volverse sus agresores. Los policías violaron a varias mujeres, entre ellas Sonia. 

A la vez que huía de sus agresores, recibía terapias psicológicas, pues el daño es grave. Sonia ya no está en el país. Quienes debían protegerla se encargaron de que se desplazara de manera forzada. 

Junto a ella, otras mujeres de la misma comunidad fueron acosadas por los policías. Quienes no cedieron a los acosos, ahora están encarceladas. Los mismos policías se encargan de acusarlas de delitos que no han cometido. 

Otro caso es el de Norma, quien guarda prisión por haber grabado y denunciado el acoso de un policía hacia su hija. El hecho ocurrió cuando los agentes realizaban un cateo en su casa. Uno de ellos comenzó a manosear a la hija de Norma, quien decidió grabar la acción del policía.

La valentía de Norma, al haber denunciado el caso, desató la persecución de parte de los policías agresores. Finalmente una patrulla  interceptó el bus en el que se conducía Norma. Sus familiares la daban por desaparecida. Sus agresores la acusaron de tráfico de drogas. Pronto enfrentará la vista pública por un delito que no cometió. Este caso lo conoce el Instituto Salvadoreño de la Mujer, ISDEMU.

Víctimas y testigos en mayor riesgo 

Luego de que más de 300 supernumerarios de la Policía fueran despedidos y finalizara el convenio entre la Unidad Técnica Ejecutiva del sector Justicia, UTE y la Policía Nacional Civil, las casas donde estaban resguardadas las víctimas y testigos han sido desalojadas, aseguran tres distintas fuentes consultadas por YSUCA.

Había casos en que las familias completas estaban en resguardo, pero  en las últimas semanas ese mecanismo ha cambiado, dejando en mayor  riesgo a víctimas y testigos. 

Una fuente que conoce de cerca el funcionamiento de los mecanismos de protección asegura que algunas víctimas y testigos ya no están en casas de resguardo, sino en lugares donde no tienen la protección que necesitan. En el caso de familias completas, a los hombres, padres de familia los han enviado a otros lugares que no son casas de resguardo, pero a las esposas e hijos los han regresado a sus viviendas. Han dividido a las familias, pese al riesgo que representa volver a las zonas de donde se marcharon por inseguridad. 

La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, UTE, estableció un convenio con la Policía Nacional Civil con el fin de garantizar el Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Pero hubo empleados de la UTE que abusaron de sus cargos y supernumerarios que, se suponía daban protección a las víctimas, se convirtieron también en victimarios. Los casos son varios, pero el más recordado es el que ocurrió en 2015 de tres hermanas acosadas y agredidas por supernumerarios de la PNC. El caso fue documentado por la organización Cristosal.

Foto archivo Radio YSUCA

Soldados amedrentan a comunidades y obligan a sus habitantes a huir de sus casas

Los casos de agresiones de cuerpos de seguridad hacia los ciudadanos no es nuevo en El Salvador. Sin embargo, con el régimen de excepción los abusos de poder son más evidentes. 

Con el argumento de capturar a pandilleros, los policías y soldados están apresando a salvadoreños que no tienen ningún vínculo con estructuras criminales. Los mismos funcionarios han confirmado que unas 3 mil personas han sido liberadas.

Las detenciones arbitrarias han llevado a que familias completas estén abandonando sus casas en el cantón San Luis El Maneadero, de Zacatecoluca, departamento de La Paz.  Uno de los habitantes denunció a Radio YSUCA que varias familias se han desplazado  de manera forzada por temor a los soldados que han instalado un campamento en el Centro Escolar San Luis El Maneadero. Tres personas han sido capturadas sin pertenecer a pandillas. Son campesinos, integrantes de una cooperativa, dice Antonio Flores, padre de una de las capturadas. 

Para don Antonio, la incertidumbre llegó al cantón, desde la semana pasada con la llegada de una “camionada” de soldados. Antes los acosaban los pandilleros, ahora son los militares, dice Antonio.

Las palabras de don Antonio son el claro ejemplo de lo que describe el padre Rodolfo Cardenal en uno de sus artículos de opinión. “La voz popular observa que así como antes aguantaron a los pandilleros, ahora deben sufrir a las fuerzas represivas de Bukele. El vacío dejado por aquellos ha sido llenado por soldados y policías, que violentan con brutalidad similar sus libertades, sus derechos, su propiedad y su dignidad”.  

Agrega en otro de sus artículos que “el oficialismo repite que la ciudadanía”común” y”honrada” no debe temer. Pero al no especificar qué entiende por “común” y “honrado”, solo los ingenuos y los desprevenidos pueden sentirse a salvo”.