2022: un año de mercantilización de la naturaleza en El Salvador
Foto Radio YSUCA
La Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate y Ahuachapán presentaron un balance ambiental 2022, en el que destacan el aumento de los permisos ambientales que dan pie a la depredación ambiental y el mercantilismo de los recursos naturales.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, detalló que no hay voluntad de parte de las autoridades para cumplir los marcos normativos vigentes que ordenan la protección de las áreas naturales.
Existe un retroceso en la visión de protección ambiental en la actual administración gubernamental, que ha otorgado más de mil 500 permisos ambientales, indicó González.
También las comunidades han sufrido con los megaproyectos que amenazan los ecosistemas, uno de ellos, la construcción de la presa hidroeléctrica en Nahuizalco, que podría dejar sin agua a las comunidades que se abastecen del río Sensunapán, dijo Cecilio Contreras, de la Mesa de los Territorios.
Contreras agregó que los monocultivos de caña de azúcar están generando serios daños en la salud de muchos de los pobladores de Sonsonate. Además el monopolio de los cultivos de azúcar impide cultivar otros productos, por lo que piden leyes que protejan a la población.
La Mesa por la Sustentabilidad de los territorios de Ahuachapán también dijo que hay una deuda en aprobar leyes, como por ejemplo, la Ley de la Soberanía Alimentaria, Ley sobre el control de los agrotóxicos; Ley Cero Basura y la Ley de Prevención de Desastres; entre otras que urgen, manifestó Alfredo Guevara, líder comunitario y Tatiana Oliva, técnica de la UNES.
Los defensores ambientales también se han visto amenazados, criminalizados y amedrentados por grupos empresariales, mientras las instituciones del Estado salvadoreño no protegen a los defensores.
Las organizaciones demandaron al Órgano Ejecutivo cesar la política de otorgar permisos ambientales y la autorización de proyectos que dañan el ambiente. Piden además, dar adecuado seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las leyes ambientales a nivel nacional e impulsar acciones gubernamentales para desarrollar una gestión ecológica de riesgo, entre otras peticiones que salvaguarden los recursos naturales que le quedan al país.