Privados de libertad y justicia
Por José María Tojeira, S.J.
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A los privados de libertad solemos olvidarlos. Y en ocasiones, cuando los recordamos, no hablamos bien de ellos. Sin embargo, el papa Francisco en su más reciente entrevista con sacerdotes y laicos salvadoreños animó a todos los presentes a pensar en los que más sufren los problemas nacionales para buscar soluciones. Dijo textualmente: “Animémonos unos a otros, pensemos en aquellos que están en dificultad en nuestro pueblo: los más pobres, los presos, los que no les alcanza para vivir, los enfermos, los descartados”. Entre los presentes estaba la Conferencia Episcopal de El Salvador y el vicepresidente de la República. Y es evidente que si el papa mencionó a los presos es porque sabe que están sufriendo una situación especial. El señor Osiris Luna, que unas veces ataca, castiga y muestra a los presos en situaciones humillantes y estigmatizantes, y otras afirma que les está proporcionando unos cuidados de salud superiores a los que brinda el Estado en sus instituciones públicas, no es la fuente adecuada para saber cómo están los privados de libertad. Y más cuando añade que los que han muerto en prisión, incluso los jóvenes, ya venían enfermos desde fuera. Sin duda es mejor escuchar al papa Francisco y pensar un poco más.
Y es que los presos están en situación muy triste. Aunque se les prive de la libertad, fundamentalmente para proteger al resto de la ciudadanía, conservan derechos. E independientemente de los delitos que hayan podido cometer, exhibirlos en fotografías, muchas veces antes de que un juez decida si son culpables o inocentes, viola los estándares de derechos humanos. El trato que se les da durante el régimen de excepción es en muchos aspectos injusto y violador de derechos básicos. Prohibir las visitas familiares, negar información a los parientes, tratar a los niños como adultos, hacinar y poner en riesgo la salud de los detenidos, golpearlos y aislarlos son violaciones serias a normativas latinoamericanas de derechos humanos. Y más cuando un porcentaje de los así tratados han sido detenidos arbitrariamente. Son personas, no daños colaterales en una supuesta guerra en la que los vencedores se dan el lujo de arrasar con el enemigo, caiga quien caiga.
Si a esta realidad le añadimos que la mayor parte de los detenidos durante el régimen de excepción son pobres, podemos pensar que algo anda muy mal en El Salvador. Luchar contra la pobreza siempre será más importante que perseguir a los pobres que cometen delitos. Evidentemente, hay que perseguir el delito en todos los sectores sociales, pero prevenirlo es políticamente más inteligente que perseguir al delincuente. Y la mejor manera de prevenir el delito de los sectores empobrecidos es luchar contra la pobreza; tarea esta en la que el Gobierno actual no parece tener la proactividad y capacidad de decisión que muestra en las tareas represivas. El sistema judicial, sometido y servil hasta el presente, debería tener en cuenta la grave responsabilidad que tiene de cumplir tratados y convenciones suscritas y ratificadas por El Salvador dedicadas a proteger los derechos humanos. La omisión de las responsabilidades convencionales puede ser perseguida en algún momento como delito.
El papa recordaba a los salvadoreños presentes en la audiencia que “mientras haya injusticias, mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras en un país se estén dando signos de no madurez en el camino de plenitud del Pueblo de Dios, ahí tiene que estar nuestra voz contra el mal, contra la tibieza en la Iglesia, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio”. Ojalá nuestros obispos sigan repitiéndonos este mensaje del papa y ojalá el vicepresidente, que tan atento estuvo a las palabras de Francisco, influya en el Gobierno para que escuche los reclamos justos de la gente respecto a las violaciones de derechos que se están cometiendo con el régimen de excepción.