El Salvador incumple la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Corrupción

Foto Acción Ciudadana

Acción Ciudadana y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), se refirieron  a la situación actual de la Convención de la ONU Contra la Corrupción en El Salvador.

“La Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Corrupción” es el primer instrumento internacional anticorrupción adoptado por la Naciones Unidas y fue validado por 170 países, según las organizaciones, el Estado Salvadoreño los suscribió en el año 2003.

Este acuerdo establece estándares políticos y medidas necesarias para que cada país tome acciones y respalde iniciativas para combatir la corrupción.

En el caso de El Salvador, Acción Ciudadana y FUNDE señalaron que varias instituciones obligadas a promover la transparencia y la integridad incumplen con el compromiso para combatir la corrupción.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, manifestó que el cumplimiento de todo Tratado Internacional, es una obligación del Estado salvadoreño.

Acción Ciudadana y FUNDE señalaron que este tipo de compromisos internacionales como “La Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Corrupción” están por encima del ordenamiento jurídico salvadoreño interno. Es decir, no se puede poner ninguna norma interna para no cumplir con estas obligaciones internacionales.

Eduardo Escobar dice que no se puede alegar el régimen de excepción para decir que por eso no se van a hacer compras públicas de manera transparente, aplicando los estándares mínimos que se establecen en esta materia.

Escobar dice que esa obligación internacional que se ha planteado deja al Estado bajo una obligación de no robar, rendir cuentas, no mentir y usar los fondos públicos correctamente.

Los ponentes mostraron preocupación porque en el país hay más de 6 mil declaraciones de patrimonio de funcionarios públicos que no se han presentado ante la sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia.

Wilson Sandoval de FUNDE dice que el Estado salvadoreño tiene una Ley de Acceso a la Información Pública, pero el ente rector, el Instituto de Acceso a la Información Pública, tiene retrocesos en su actuar.

Acción Ciudadana y FUNDE agregan que el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Acceso a la Información Pública dan paso a la falta de garantías para el cumplimiento de la Ley y la sanción de la corrupción.