Seis de cada 10 agresiones hacia las personas defensoras de derechos humanos se cometen desde el Estado
Foto Radio YSUCA
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos realizó dos monitoreos de agresiones contra personas defensoras y periodistas en El Salvador de enero 2021 a junio 2022. De los monitoreos, uno es de registro directo de casos y el otro, a través de un monitoreo de medios de comunicación. En ambos registros se detectó que el derecho más vulnerado es a la libertad de expresión y de prensa.
Seis de cada 10 agresiones hacia las personas defensoras de derechos humanos han sido cometidas por agentes de seguridad pública, funcionarios de Casa Presidencial e integrantes de la Asamblea Legislativa.
Loyda Robles señala que se han creado marcos legales para regular o controlar a los defensores de derechos humanos, tales como las disposiciones especiales de suspensión de concentraciones de eventos públicos o privados, en 2021; las reformas a la Ley especial contra actos de terrorismo, al Código Penal y a la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal; además, la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera y el actual Régimen de excepción.
Robles afirma que esto ha tenido repercusiones en la libertad de expresión y de prensa.
Según el informe “Defendiendo derechos humanos en contextos de crisis: Análisis de casos de agresiones contra personas defensoras y periodistas, 2021-2022”, se han registrado agresiones a través de la estigmatización o descrédito, así como a través de la intimidación, acoso y la amenaza. Esto último sobre todo contra las mujeres.
Robles señala que esta situación ha repercutido directamente en la población salvadoreña.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos exige a los órganos del Estado que paren las agresiones, amenazas e intimidaciones, que no limiten las acciones de cuidado y protección de la población y que abran el diálogo, para trabajar juntos en la creación de un marco normativo que reconozca el derecho a defender derechos.