El Salvador puede caer en impago de la deuda que debe amortizar en 2023 y 2025. Hasta la fecha, ni el país ni los organismos financieros internacionales conocen si el gobierno cuenta con un plan que le permita hacer frente a la situación económica que atraviesa el país.
El economista, César Villalona advierte algunos escenarios: El primero es que el gobierno no pague los $500 millones de deuda que debe pagar en septiembre del presente año o los $600 millones que debe pagar en enero de 2023, que serán parte del Presupuesto General del Estado del próximo año.
El economista dice que, si no hace uno de esos dos pagos o no hace los dos, cae en un impago y eso tiene implicaciones muy serias porque implica que le cortan toda posibilidad de financiamiento internacional.
No tendría desembolso de préstamos, no podría terminar el año con el presupuesto, tendría que hacer grandes recortes de gastos, paralizar la inversión pública y eso significa desempleo, menor dinamismo de la economía y, por ende, deterioro de las condiciones de vida de la población.
El Salvador tiene inseguridad si pagará o no la deuda, pero para pagarla debe tomar decisiones, entre éstas, pedir prestado para hacerlo, recortar reserva de liquidez del Banco Central de Reserva, esto significa que la banca del país le preste al gobierno; una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que le preste fondos para terminar el año, porque necesita $600 millones, o estatizar las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP´s).
Sin embargo, el economista César Villalona dice que todas las salidas son negativas para la población.
El economista dice que este año el país continuará con el deterioro de las condiciones de vida de la población y el año que viene será igual de difícil, porque hay que pagar deuda por $2 mil 400 millones, incluyendo los $800 millones de enero. Además, las finanzas públicas están en bancarrota por un manejo irresponsable de los recursos, una política fiscal que se limita al endeudamiento.
Villalona dice que a esto se suman los indicios de corrupción pública que son de cientos de millones de dólares. Incluso se están utilizando las compras gubernamentales para repartirse ese botín, sin utilizar los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en el marco de la emergencia por covid-19 y del Estado de Excepción.
El economista César Villalona dice que la situación de calamidad a la que ha llegado el país, apunta a un incremento de la pobreza y, ante el rumbo al impago, el gobierno decida pagar, pero a costa de mayor endeudamiento y menos gasto en el área social.
