DISA S.A de CV una de las empresas que construye nuevo penal señalada de incumplimento por Corte de Cuentas
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Por Kenia Gómez
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Inversiones OMNI S.A de C.V no es la única que ha sido contratada para la construcción del penal en Tecoluca, San Vicente. También la Constructora Díaz Sánchez Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia CONSTRUCTORA DISA, S.A. de C.V ha sido contratada para construir el penal, así lo confirmó una fuente vinculada al proyecto.
La empresa tiene su sede en Antiguo Cuscatlán y es asociada a CASALCO al igual que Inversiones OMNI. El presidente de DISA es el ingeniero Angel Díaz, según su portal web.
Ambas empresas aparecen en la lista de proveedores del Estado, según el sistema electrónico de compras públicas, Comprasal. Ambas han sido beneficiadas con el otorgamiento de proyectos de construcción desde hace años y el actual Gobierno continúa beneficiando a sus dueños con contratos millonarios.
DISA S.A de C.V construyó el primer tramo del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS). La Corte de Cuentas de la República realizó un examen especial del contrato de préstamo 2572/OC-ES del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Viceministerio de Transporte (VMT), en la fase II de la terminal durante el período del 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2016. Determinó que el MOP no penalizó a la empresa DISA S.A de C.V, por incumplimientos contractuales surgidos en la construcción del SITRAMSS. La corte estimó que el monto de la penalización que DISA no pagó es de unos $76 mil dólares.
DISA no finalizó los trámites para gestionar los permisos de construcción que debían realizarse con la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). Además, no se realizó una revisión vial y de zonificación, entre otros incumplimientos al contrato.
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El medio oficialista Diario El Salvador publicó en enero de 2021 la nota “MOP de FMLN no penalizó incumplimientos en proyecto Sitramss”. En dicha nota explican que uno de los hallazgos fue que “el MOP no penalizó a la Constructora DISA, S. A. de C. V., encargada de la ejecución de la terminal en Soyapango, por 11 incumplimientos contractuales”.
La empresa que el medio oficialista señaló de incumplimiento de contrato es la misma que construye el penal en Tecoluca.
DISA S.A de C.V construyó penal de Izalco y tuvo contrato en proyecto El Chaparral
La empresa que está asociada a CASALCO se ha beneficiado durante años de contratos con el Estado. Construyó el paso a desnivel del redondel Masferrer y el penal de Izalco. Además, tuvo un contrato, el No. CEL-5487-S para la “Construcción de los Conductos de Desvío del Río Torola para el Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral”, Información que se encuentra en la página de transparencia de CEL.
Las empresas DISA e Inversiones OMNI fueron las encargadas de finalizar la carretera Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero, durante la gestión del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.
DISA S.A de C.V e Inversiones OMNI siguen siendo beneficiadas por el actual gobierno. En 2021, el MOP adjudicó el proyecto de construcción del puente en La Hachadura a dos empresas, entre ellas DISA S.A de C.V por un monto de $32.2 millones.
En noviembre de 2020 el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez confirmó que DISA S.A. DE C.V fue de las empresas contratadas para el Hospital El Salvador. Tuvo a cargo la construcción de obras complementarias del Hospital de especialidades para la atención de la emergencia por covid-19. Fueron dos montos adjudicados, uno en abril de 2020 por $3,497,758.61 y otro en mayo por $640,034.36.
De la misma manera Inversiones OMNI, propiedad del ingeniero Luis Dada, actual presidente de CASALCO, tuvo a su cargo la construcción del Hospital El Salvador y el Hospital Veterinario Chivo Pets. Ambas empresas construyen el penal en Tecoluca.
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Penal de Tecoluca costaría $70 millones
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Extraoficialmente una fuente que conoce el proyecto, dijo a YSUCA que el costo de construcción de la cárcel en Tecoluca se estima en $70 millones de dólares.
Radio YSUCA hizo pública la información sobre la nueva cárcel el 20 de junio, un día después el presidente Nayib Bukele, no le quedó más que confirmar la información. Agregó que en el centro penitenciario habrán 37 torres de vigilancia y varios niveles de muros. Contará con 8 pabellones con capacidad de 2,500 internos cada uno, es decir, tendrá una capacidad instalada para 20 mil reos. Sin embargo, a la fecha son más de 40 mil capturados en el Régimen de Excepción, el doble de la capacidad que tendrá el penal. Lo que significa que esa cárcel será insuficiente.
Los habitantes del cantón El Perical han escuchado que en ese mismo lugar se construirán dos cárceles. Una información que aún no ha sido confirmada por el Gobierno.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro dijo que el área del penal es de 231 manzanas de terreno, pero en este momento solo se han intervenido 31 manzanas. Los lugareños estiman que el total de terreno podría ser hasta 300 manzanas. Un trabajador que está en la zona del penal dijo que se construirán 70 manzanas. Para lo cual trabajan unos 200 obreros.
Gobierno presiona a la Alcaldía de Tecoluca para que no cobre $3 millones a empresas que construyen penal
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Según el Diario Oficial del 13 de enero de 2022, tomo número 434, la Alcaldía de Tecoluca reformó la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales referente a servicios y licencias.
La reforma plantea el cobro del 4% del monto total “a los proyectos o inversión para subcontrataciones de subestaciones de energia electrica, plantas de agua potable, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, terminales de buses, puentes, proyectos de expansión, instalación, equipamiento de proyectos de paneles solares u otros proyectos de infraestructura no mencionada expresamente en la ordenanza reguladora”.
La ordenanza se reformó con base en el artículo 142 de la Ley General Tributaria Municipal que establece que serán objeto de gravamen todos aquellos actos que requieran el aval o permiso del municipio para realizarse, tales como: construcciones, ampliaciones y reparaciones
El costo de penal se estima en $70 millones. Al aplicar el 4% de tasa municipal al monto total para la construcción, como lo determina la ordenanza municipal, las empresas deberían pagar un aproximado de 3 millones de dólares.
Sin embargo, la fuente que conoce el proyecto asegura que las empresas se niegan a pagar las tasas municipales. Por otra parte, el Gobierno central está presionando a la Alcaldía de Tecoluca para que no cobre el monto en concepto de tasa municipal. La alcaldía dejaría de percibir 3 millones en sus ingresos por cobro de tasas.
Gobierno construye cárcel en terrenos de veteranos de la Fuerza Armada
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El presidente Bukele en un tuit del 21 de junio dijo que decidieron hacer el penal “alejado de las ciudades, rodeado de cientos de manzanas de tierras propiedad del Estado”. Pero el presidente no dijo a quienes les compraron las tierras.
Tecoluca fue uno de los municipios más afectados del conflicto armado que provocó la salida forzada de los pobladores. Luego del conflicto las tierras fueron repartidas a excombatientes de la Fuerza Armada y del FMLN. YSUCA conversó con algunos campesinos de la zona, quienes aseguran que las tierras que compró el Gobierno eran propiedades de los excombatientes de la Fuerza Armada. Los terrenos de los excombatientes del FMLN no han sido comprados.
No todos los terrenos tenían a sus dueños originales, algunos excombatientes vendieron hace mucho tiempo, pero otros terrenos aún pertenecían a los excombatientes. Uno de esos casos es el de Rafael, veterano de la Fuerza Armada, quien por temor no quiso hablar sobre su caso.
La mayoría de los propietarios de los terrenos los alquilaban a otros agricultores que no tienen acceso a adquirir un terreno y deben alquilar parcelas para sembrar. En estos casos los afectados, más que los propietarios, han sido los campesinos que no encuentran tierra para sus cultivos y han optado por buscar en zonas más lejanas de donde hoy se construye el penal. Eso les implica gastos adicionales, pero también más tiempo para desplazarse.
Mario es uno de los afectados. El agricultor alquilaba las parcelas para sembrar maíz y frijol en las tierras donde hoy se construye el penal. No supo cuando el dueño del terreno le vendió al Gobierno, ni siquiera le informó que ya no serían alquiladas. Solo desapareció, dice Mario. Se enteró que ya no podría cultivar en ese lugar porque otro jornalero le contó que las tierras habían sido vendidas.
Desde que se comenzó a construir el penal, tuvo que buscar otras tierras. Ahora se tarda dos horas más para llegar a sus cultivos.
“Me quitaron el sustento diario y el de mi familia” se lamenta Jorge, nombre ficticio de uno de los propietarios de tierras afectados por la construcción del penal en el cantón El Perical en Tecoluca, San Vicente.
Jorge había comprado esas parcelas desde hacía 10 años y las ocupaba para cultivar caña, maíz y frijol. Jorge es una de las fuentes que confirmaron que los terrenos eran originalmente propiedad de los veteranos de la Fuerza Armada. Él mismo le compró a un excombatiente.
Gobierno pagó la manzana de terreno a 5 mil dólares menos de su valor
A Jorge, el Gobierno le compró las tierras, pero a un bajo costo que no le ha permitido adquirir otras propiedades. Le pagaron 10 mil dólares por cada manzana de terreno, pero esas tierras se cotizan hasta en 15 mil dólares cada manzana. La vara de terreno se la pagaron a un dólar con un centavo.
“Me han dejado atado, no puedo seguir trabajando para conseguir mi comida”, reitera el agricultor. Por ahora solo le queda gastar lo que le dieron para poder sobrevivir. “De esto estamos comiendo y ¿de dónde más podemos agarrar? Cuando terminemos ese dinero no vamos a poder comprar nada”, expresó el agricultor.
Un día llegaron empleados del Gobierno a pedir a los propietarios que firmaran un documento para autorizar el ingreso a sus propiedades y realizar análisis y evaluaciones. Les dijeron que las tierras las compraría el Gobierno para construir unas oficinas, pero ante el descontento de los agricultores finalmente les dijeron que se construirían cárceles de máxima seguridad.
No hubo oportunidad de que los agricultores hicieran propuestas de venta. La opción era tomar o dejar lo que les daban por sus terrenos.
Por lo menos unas 80 personas propietarias de tierras tuvieron que vender, cuando no lo tenían previsto.
Tomaron las tierras que servían para producir alimentos
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Las tierras de Tecoluca son tierras fértiles. Son buenas para cultivar maíz, frijol, caña y frutas. Los agricultores no comprenden por qué el Gobierno se interesó en tierras fértiles para producir alimentos, cuando en Tecoluca también hay terrenos desocupados o que sirven solo para potreros. Esas se pudieron haber utilizado para construir la cárcel, dicen los agricultores.
Eva tiene 20 años de vivir en la zona, conoce a mucha gente que llega de Santiago y San Juan Nonualco y San Rafael Cedros a trabajar a Tecoluca por ser una tierra productiva. En la zona donde se construye el penal ya no hay parcelas para sembrar.
El año pasado ella y su familia todavía pudieron sembrar en El Perical, ahora solo se ve maquinaria y volquetas que entran y salen de la construcción donde albergarán a unos 20 mil prisioneros.
Tomasa ha vivido 24 años en Tecoluca. Recuerda que en el mes de mayo comenzaron a ver movimientos de maquinaria que entraban al cantón El Perical, pero las medidas de las calles las hicieron hace mucho tiempo. Ellos creían que les iba a arreglar la calle, no se imaginaban que sería la construcción de una cárcel.
Otros campesinos le han comentado que luego de que el Gobierno les quitara sus propiedades, ya no han podido encontrar tierras cercanas y baratas para poder alquilarlas. Otros habitantes de Tecoluca que tenían ahí sus propiedades, ante la noticia de perder la tierra donde cultivaban caña se han enfermado, comenta Tomasa. Hasta hace pocas semanas a algunos campesinos, aún no les habían pagado el valor de sus terrenos.
A Humberto Laínez, un campesino de 70 años, le preocupa que muchos se quedaron sin trabajo debido a que los propietarios vendieron sus tierras al Gobierno y ya no pueden alquilar las parcelas para sus cultivos.
Uno debe enterarse de todos estos proyectos. Deberían dar información a los habitantes de la zona, dice el campesino. Esta afirmación la comparte otro habitante de Tecoluca que opina que el alcalde y el Concejo Municipal de Tecoluca han mantenido oculta la construcción del penal.
“La gente de Tecoluca debe saber que es lo que está pasando. Es un proyecto que trae orden desde el Gobierno central, desde Bukele y la Asamblea Legislativa”, señala el residente del lugar. Cuestionó la forma en que este Gobierno reserva la información. “Aquí la gente no sabe nada ni tiene que decir nada porque corren el peligro de que la metan presa”, agregó.
Para él, lo que está pasando en Tecoluca es una política de despojo de tierras de los campesinos que se está aplicando a nivel nacional. Es un proyecto nocivo para el municipio de Tecoluca, dice y cree que habrá una afectación a las fuentes de agua que posiblemente van a bajar de caudal debido a los pozos que se están perforando. Además, se cuestiona si el manejo que le darán a las aguas negras que saldrán del penal, será el adecuado. “Estas aguas negras van a tirarse a las quebradas, posiblemente y van a contaminar los ríos”, dice.
“Si cerraran penales y abrieran universidades, les diéramos aplausos”
El ciudadano de Tecoluca cree que el Gobierno oculta la información sobre el penal porque la mayoría de personas de Tecoluca no están de acuerdo por ser un proyecto que no trae beneficios al municipio.
Tecoluca será un centro de reclusión a gran escala, reflexiona, pero a la vez recuerda cuando Bukele dijo que cerraría las cárceles. Hoy la realidad es muy distinta, opina.
Un penal: riesgo para las comunidades cercanas
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La comunidad Nuevo Amanecer está a pocos metros de donde se construye el penal. Las otras comunidades se ubican a unos kilómetros, al otro lado de la carretera. Sin embargo, los habitantes creen que ese proyecto tendrá un efecto negativo en cuanto que dañará el medio ambiente debido a la tala de árboles. Se cortaron castaños, amates, conacastes y árboles frutales, aseguran los lugareños.
La colonia El milagro y el Paraíso son algunas que podrían salir afectadas por la contaminación de desechos sólidos que salgan del penal. Pero además, temen que los pozos que están perforando para abastecer de agua al penal también tenga una repercusión en sus vidas. Será menos agua para las comunidades.
Otro campesino asegura que ya hay afectaciones por la construcción del penal y se podría incrementar cuando esté en funcionamiento.
A pocos metros de la construcción salen los nacimientos de agua y “cuando vienen las lluvias pasa todo ese movimiento de tierra que han hecho y caen a la quebrada, ahí tenemos problemas nosotros para el ganado”, dice el lugareño. Cree que cuando el penal esté funcionando la afectación puede ser mayor. “Los residuos de este lugar ¿A dónde los van a trasladar? Se supone que a las quebradas que conducen a los ríos que nacen a pocos metros de la comunidad donde vivimos”, agrega.
Mientras el presidente Bukele hace alarde de la construccion de nuevo penal y lo vende como “el centro de confinamiento del terrorismo”, muchas familias estan preocupadas por la pérdida de sus propiedades.
Mientras tanto, dos empresas constructoras ganan otro millonario contrato y siguen absorbiendo recursos del Estado, como lo hicieron con los gobiernos anteriores.