El asesinato de una niña de 8 años enciende la cólera de toda Guatemala y genera una petición polémica del presidente: restaurar la pena de muerte. El ombudsman rechaza la idea y la considera una maniobra política.
“Le pido al Congreso de la República que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales. Si hay necesidad de la pena de muerte que lo hagan” declaró este jueves el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei.
Esto, en reacción al asesinato de la niña Sharon Figueroa, de 8 años, quien fue secuestrada en el patio de su propia casa – en el municipio norteño de Melchor de Mencos, fronterizo con Belice- y cuyo cadáver apareció un día después con fuerte signos de violencia, generando el repudio general de todo el país.
Sin embargo, la petición del presidente Giammattei no es bien recibida por todos. El Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, considera que el mandatario sólo busca “sonar bien” ante un país conmovido por el caso:
“Es una medida populista porque sabemos la indignación que nos ha causado a todos la muerte de Sharon y de muchas mujeres y niñas en estos últimos días. Suena bien para muchas personas que quieren justicia pero debemos recordar que la pena de muerte no ha sido ni será un disuasivo. Tenemos que apostar a soluciones de fondo. Yo, como procurador de Derechos Humanos, me opongo totalmente a esa idea.
Además, Guatemala suscribió el convenio de San José sobre Derechos Humanos y ya la Corte Constitucional ya ha emitido varios fallos en ese sentido. Es decir, legalmente tampoco se podría imponer esta ley a los responsables del cruel asesinato de Sharon porque no tendría carácter retroactivo. En resumen, es una medida populista, inviable jurídicamente y que no resuelve de fondo el problema de violencia que sufren las mujeres en Guatemala.”
Efectivamente, Entre 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Guatemala excluyó la pena de muerte para casos de asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada y magnicidio. La Corte argumentó que la imposición de la pena de muerte, que se aplicó por última vez hace más de dos décadas por medio de inyección letal, viola principios consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José.
