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Henry Paul Salgado Barrientos asumió el cargo de cónsul de Long Island,  New York, Estados  Unidos, en diciembre de 2019.  A un año en el ejercicio de su cargo enfrenta una denuncia en la Fiscalía General de la República por el uso y apropiación de recursos económicos del Estado Salvadoreño que son destinados al servicio consular. Salgado fue denunciado el 11 de diciembre en la Fiscalía por el posible cometimiento de los delitos de actos arbitrarios, peculado y malversación de fondos.

Las irregularidades fueron confirmadas por una auditoría interna que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 2 y el 6 de noviembre de 2020.

Según la auditoría, Salgado alquiló un vehículo Ford Transit Wagon por un monto de $4,424.46, según consta en un cheque con fecha 16 de marzo. Entre abril y agosto se pagaron otras cuotas de arrendamiento por más de 2 mil dólares. En total el alquiler del vehículo oficial costó $7,414.25. Además, se contrató un seguro para el vehículo por un monto de $1,020.00.

Un salvadoreño residente en Estados Unidos, quien habló en condición de anonimato y conoce de cerca el caso, confirmó a Radio YSUCA que el arrendamiento del vehículo oficial se hizo a nombre de otra persona que no trabaja en el consulado. “Para arrendar ese vehículo él (cónsul) sacó casi 5 mil dólares del consulado para darlo como deposito y no presentó ni tan siquiera un ticket o un recibo de la erogación de esos recursos”, dijo.  Agregó que “en la póliza del vehículo están incluidos tres vehículos más de su propiedad (…) estamos hablando de pagar seguros para sus vehículos personales y de su familia con recursos del Estado”.

La auditoría interna confirmó lo expresado por la fuente. Según las observaciones en el documento, la orden para el alquiler del vehículo Ford Transit Wagon no estaba autorizada por la Dirección de Administración Financiera.  El cheque de fecha 16 de marzo para el pago del arrendamiento no cumplía con los procedimientos establecidos que exige dos firmas para los cheques. También se encontró un cheque con fecha 17 de septiembre por $189.94 a nombre únicamente de “lowers”, que tampoco cumplía con el proceso establecido de cobro, pues solo llevaba una firma. Se cobraron unos 16 cheques en los que “no se presentan las transacciones conforme sucedieron los hechos”, cita una de las observaciones.

Salgado también contrató cuatro líneas telefónicas a su nombre con fondos del consulado por un monto de $2,004.05. “Las líneas telefónicas no se necesitaban en el consulado, ahí hay teléfonos y no era para empleados”, dijo el salvadoreño que brindó la información.

La auditoría reveló que Salgado en total usó $10,438.30 de fondos públicos de manera irregular. Según el informe preliminar de la auditoría del 6 de noviembre, la administración del consulado debía presentar pruebas de descargo a la unidad de auditoria interna del Ministerio de Relaciones Exteriores en los 5 días hábiles siguientes.

A dos meses de la auditoría el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha tomado medidas.  “Lo único que ha hecho es pedir que se devuelva el dinero, pero hay un delito penal contra el Estado”, comentó el salvadoreño que reside en Estados Unidos y ha conocido el caso.

El abogado de los empleados Luis Orantes dijo que Relaciones Exteriores se ha limitado a pedirle al cónsul que devuelva el dinero. “Es una auditoría mínima la que se ha hecho. Presumimos que existen más elementos que se pueden encontrar. Se le ha pedido que desvanezca los reparos que aparecen y que ya y se acabó el problema, sabiendo que hay conductas de delito”, expresó.

Corte de Cuentas sin resultados de auditoría

El 13 de octubre de 2020 José Domingo Olivares, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores (SITRAMRE) mediante una carta enviada al presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, solicitó investigar las actuaciones contra el cónsul Henry Salgado y auditar los fondos a fin de deducir responsabilidades. En el escrito solicitó que al tener la suficiente robustez de pruebas se proceda a sancionar al funcionario.

  

 

La Corte de Cuentas está enterada de los indicios de mal uso de fondos públicos en el consulado de Long Island, confirmó el apoderado legal de los trabajadores, Luis Orantes. Aseguró que la Corte tiene el documento de la auditoría realizada por Cancillería en noviembre de 2020, pero el proceso camina lento, pese a que el sindicato solicitó la auditoría en octubre del año pasado.  

El abogado dijo que “ese informe ya se le dio a conocer a la Corte de Cuentas para efectos de que inicie una acción. Yo en la misma denuncia fiscal de alguna manera como noticia criminis les he manifestado que la Corte sabe y hay un aviso por parte de los señores del sindicato (…) entiendo yo que en la Corte de Cuentas ya se le dio ingreso al expediente”. El abogado ha solicitado al fiscal que pida a la Corte de Cuentas información sobre el expediente abierto del caso de Long Island.

Orantes señaló que el caso se ha manejado con hermetismo, lo que indica que se intenta proteger al cónsul. Cancillería es quien más ha dado muestras de esa protección, pues una vez la auditoría interna consignó los reparos debía informar a la Fiscalía y no lo hizo.

Aquí podría haber delito de omisión de aviso, según el abogado, ya que todo funcionario al advertir que uno de sus empelados ha cometido hechos delictivos debe denunciar el caso a la Fiscalía y a la Corte de Cuentas.

Empleados son víctimas de acoso laboral del cónsul, un expandillero en El Salvador y Estados Unidos  

Cuando el dinero comenzó a ser mal administrado y el cónsul Henry Salgado no atendía las sugerencias del EDAF (encargado de los asuntos financieros) los empleados decidieron denunciar las irregularidades al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante una carta enviada a la ministra Alexandra Hill con copia a la unidad financiera y al sindicato del ministerio. No obtuvieron respuesta de la ministra, pero el sindicato hizo público el caso. Fue hasta entonces que Cancillería decidió realizar la auditoría interna.

Tras la denuncia comenzaron las agresiones verbales, humillaciones y acoso laboral. El acoso incluyó la vigilancia mediante cámaras ocultas. “Una estaba escondida en el área jurídica dentro de una bolsita de regalos, ahí la mantenía la vicecónsul Joselyn Santana”, dijo la fuente que habló en condición de anonimato.   

 

El cónsul Henry Salgado también amenazó de muerte a uno de los empleados. Las amenazas generaron temor, pues Salgado tiene una historia de violencia como exintegrante de la Mara Salvatrucha MS13. El mismo Salgado confirmó que en El Salvador fue miembro de una pandilla y al llegar a Estados Unidos se integró a la MS.

Sus declaraciones están grabadas en un reportaje que hizo Telemundo en el año 2017 cuando Salgado competía por la alcaldía de Hempstead, Nueva York. “Andar en lugares donde la mayoría de tus amigos pertenecen a pandillas lo único que puedes aprender de ellos es lo malo (…) Yo me iba a meter a las canchas de basketball y a buscar amistades y me metí en la pandilla”, dijo Salgado.

Además de las amenazas, la presión hacia los empleados llegó a tal punto que Cancillería le ofreció plazas de vicecónsul con sueldos arriba de 3 mil dólares. El objetivo era cambiar la modalidad de los contratos para que renunciaran a la Ley de Salarios. Rina Medina, coordinadora de la Red Consular de la Dirección General del Servicio Exterior de Cancillería, fue quien presionó para que aceptaran los puestos de vicecónsul.

Para el abogado Luis Orantes el ofrecimiento era una estrategia para poder despedirlos. “Lo primero que hicieron fue ofrecerles a todos hacerlos vicecónsul (…) si ellos aceptaban ser vicecónsul les cambiaban el sistema de contratación de ley de salarios y los pasan a contratos. Usted sabe que por contrato cualquier patrón en cualquier momento puede decidir terminar el contrato”, explicó el apoderado legal.

Al no aceptar los cargos, Cancillería decidió trasladar a los empleados a distintos consulados. Mediante correos electrónicos les notificaron que serían enviados a los consulados de los Ángeles, Maryland y Carolina del Norte. El traslado debía hacerse efectivo el 21 de diciembre de 2020, pero los trabajadores no se han presentado a las nuevas oficinas, ya que consideran que la medida es ilegal. Aseguran que se les ha violado el debido proceso establecido en la Ley del Servicio Civil y el derecho de audiencia.

El proceso de traslado no se detuvo pese a que el 18 de diciembre de 2020 el representante legal de los empleados, Luis Orantes envió un documento

a la canciller Alexandra Hill donde le pide el cese de los traslados, ya que existe un proceso en curso en la Fiscalía.  

 

 

El Ministerio de Relaciones exteriores ha iniciado el proceso de despido de tres trabajadores por no haberse presentado a laborar a los consulados donde fueron trasladados, confirmó el representante legal.

El acoso laboral en el consulado se dio pese a que un memorándum con fecha 21 de junio de 2019 enviado al personal de Relaciones Exteriores hacía ver que la actual administración impulsaría una política de cero tolerancia contra el acoso.

 

Viceministra enfrenta denuncia en Tribunal del Servicio Civil

Dos de los cinco empleados están por ley de salarios, por lo que se debió seguir el proceso que manda la ley. Por eso, el 11 de diciembre se interpuso una demanda ante el Tribunal del Servicio Civil contra Patricia Leonor Camandari Zanoti, viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica. Ella firmó los acuerdos en los que se ordenan los traslados de los empleados del consulado.

Según la demanda, el ministerio no ha tomado en cuenta el artículo 37 de la Ley del Servicio Civil que expresa que “el traslado a un cargo similar que deba desempeñarse en otra localidad, podrá acordarse con anuencia del interesado y, en su defecto, sólo con autorización de la respectiva Comisión del Servicio Civil que oirá previamente a aquél, tomando en cuenta la necesidad del servicio.” Sin embargo, Cancillería se saltó este proceso, ya que no existe autorización de la Comisión del Servicio Civil, con lo que se ha violentado el principio de legalidad y el derecho de audiencia, dijo el abogado del caso.

La comisión debe estar representada por un integrante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de la patronal, sería aquí un titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y uno que representa a los empleados.

Según la demanda enviada al Tribunal del Servicio Civil el ministerio también ha violado el artículo 29 de la Ley que establece los derechos de los empleados públicos, entre ellos la permanencia en el cargo y no ser despedidos, permutados o trasladados, sino es de acuerdo a los requisitos de ley. Los traslados son injustificados dijo la fuente que habló con YSUCA, ya que los empleados cuentan con buen récord laboral, tienen amplia experiencia en la administración pública y en el servicio exterior. Los traslados son represalias por haber denunciado al cónsul.

YSUCA intentó obtener el punto de vista de la viceministra para conocer los detalles de los traslados y para tener su versión sobre la denuncia en su contra en el Tribunal del Servicio Civil, pero al cierre de esta nota, la solicitud de entrevista aún estaba en gestión, informó la jefa de comunicaciones de Cancillería.

 

Salgado, sin experiencia en la carrera consular

Henry Salgado nació en el departamento de San Miguel y llegó a Estados Unidos a los 15 años de edad.  Asumió el cargo de cónsul el 23 de diciembre de 2019. Le dieron el cargo pese a que no tiene experiencia en el servicio consular. Según su hoja de vida, en 2012 realizó el GED (General Educational Development) un examen que equivale al High School, pero que lo obtienen los adultos que no lograron completar su educación secundaria en el tiempo debido. Salgado no tiene estudios en educación superior. Según su hoja de vida realizó un curso online sobre Innovaciones comerciales globales en la Escuela de Ciencias Sociales Henry George.

Asegura que fue director de un periódico y fundador y exdirector de una empresa inmobiliaria. Entre sus habilidades destaca conocimientos en Marketing y ventas, liderazgo y planificación estratégica. Sus áreas de trabajo han sido como administrador de base de datos, coordinador de divulgación y marketing. Sin embargo, su hoja de vida no muestra experiencia en diplomacia ni puestos que tengan que ver con la carrera consular.

Según el artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El Salvador para ingresar a la carrera consular los salvadoreños deben tener título de doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales o tener competencia en materias como Historia y Geografía Universales y en especial de El Salvador; Economía Política; Estadística y Contabilidad; Derecho Internacional Público y Privado; Constitución Política y Leyes Administrativas de El Salvador, entre otras. Pero Henry Salgado no cumple esos requisitos.

En lo que sí tiene experiencia es como activista del partido Nuevas Ideas en Estados Unidos. Salgado se autodenomina fundador de Nuevas Ideas en Estados Unidos, así lo dijo en un video hace dos años en el que expresó su apoyo al presidente Nayib Bukele.

Quienes han trabajado durante más de un año con Salgado aseguran que no tiene experiencia en la administración consular y no es la persona idónea para el cargo. “A más de un año en el cargo, el cónsul no ha hecho ni un solo tramite administrativo, no sabe hacer un pasaporte, un suplicatorio, no sabe nada (…) ¿Cómo es posible que esta persona totalmente inepta esté maltratando a los empleados?  Y además venga a tomar malas decisiones financieramente.  Viene el ministerio y ¿qué hace? Castiga a los trabajadores queriéndolos sacar a cualquier costa”, expresó el salvadoreño que facilitó la información, pues conoce el caso.

Agregó que Salgado no cuenta con la formación adecuada para ser un cónsul general. Es por eso que en octubre de 2020 enviaron una vicecónsul nueva.

“La presentó como abogada para el área jurídica, pero en realidad estaba desempeñado el cargo de abogada personal y se ha dedicado a ver de qué manera le solventa las cosas al cónsul, una vez que fueron señaladas”, expresó.

La falta de experiencia del cónsul es contraria a lo que se requiere para el cargo. Según cita el artículo 72 de la Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El Salvador, el funcionario consular debe “tener instrucción suficiente para el desempeño del cargo y ser de reconocida honorabilidad”.

A 13 meses en el cargo en el consulado de Long Island, Henry Salgado tiene una denuncia en la Fiscalía y en la Corte de Cuentas. Por el mismo caso la viceministra Patricia Leonor Camandari ha sido denunciada en el Tribunal del Servicio Civil.  

Este caso es uno más donde un funcionario del actual gobierno es señalado en actos de corrupción. Atrás quedaron las palabras del presidente Nayib Bukele cuando aseguró que a partir de su llegada “nadie podría decir que El Salvador es un territorio donde reina la corrupción”.