Cristosal pide a Sánchez Cerén no pasar a la historia “como un presidente que dio continuidad a la impunidad”
Celia Medrano, de Cristosal. Foto cortesía/Audiovisuales UCA
El 13 de julio se vence el plazo que dio la Sala de lo Constitucional para que la Asamblea Legislativa emita regulaciones como una ley de reconciliación nacional encaminada a consolidad la transición democrática hacia una paz duradera y sin perder de vista los derechos de las víctimas.
Pero nuevamente los diputados han presentado una propuesta que apunta a una Ley de Amnistía. A ello se suma que quieren aprobarla antes que termine la gestión el actual gobierno.
Según el documento, la pena de prisión impuesta se suspenderá de oficio por el juez de la causa y se sustituirá por trabajos de utilidad pública de 3 a 10 años máximo. “La reparación civil será acorde a la capacidad económica sin afectar el proyecto de vida del condenado y su familia (…) y sin que excede el 20 por ciento de su patrimonio” cita la propuesta.
Además los imputados no podrán ser detenidos por orden administrativa ni judicial, salvo que no atiendan los citatorios. Para estos casos tampoco aplica la extradición.
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Ante el escenario de una Ley de Amnistía, Celia Medrano, de Cristosal, mostró su preocupación. Según Medrano, “algunos diputados, algunas fracciones políticas no pueden ser juez y parte no pueden auto amnistiarse de manera acelerada tratando de garantizar impunidad”. Añadió que “si la Asamblea Legislativa aprueba una legislación que no ha sido llevada desde las víctimas, consultada desde las únicas que tienen voz en este tipo de situaciones y aceleran el proceso de auto amnistía están generando un nuevo desenlace de inconstitucionalidad de la misma”.
Medrano aseguró que desde las víctimas se está trabando en una propuesta siguiendo lo dictaminado por la Sala de lo Constitucional y “ lo están haciendo como debe hacerse consultando con víctimas en diferentes modalidades de reuniones y asambleas para tener una propuesta llevada desde las víctimas a través de procesos consultivos”. En ese sentido dijo que no puede pretenderse una Ley de Amnistía que se llame de justicia transicional donde no haya mediado la consulta amplia de las víctimas.
18 organizaciones de derechos humanos han firmado una carta que será entregada a la Asamblea Legislativa, a la vez las víctimas de graves violaciones a derechos humanos presentarán una propuesta de ley muy pronto.
Medrano hizo un llamado al presidente de la República Salvador Sánchez Cerén a que “no puede pasar a la historia como un presidente que garantizó la continuidad de la impunidad aun sobrepasando a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia”.
Según el documento entregado por los diputados de la comisión Ad Hoc a la Comisión Política de aprobarse la ley el fiscal general dentro de los 5 meses siguientes a la vigencia de las regulaciones aprobará una política institucional especial para la investigación y juzgamiento de los crímenes de guerra y lesa humanidad.
Dará un listado de casos y organizaciones o cualquier persona podrán hacer propuestas al fiscal que deberá responder 10 días después. De no hacerlo los interesados pueden presentar un recurso de amparo que deberá resolver la CSJ dentro de 15 días siguientes.
El documento deja claro que el informe de la Comisión de la Verdad no tendrá valor probatorio para los mecanismos de justicia transicional, solo servirá para “evidenciar y describir los patrones de violencia generados de las graves violaciones a los derechos humanos”.
La amnistía, según el documento presentado, sigue siendo aplicable para quienes no hayan cometidos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.