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Nacionales

Juicio del Caso Jesuitas en España y su sentencia definitiva brindan elementos orientadores al sistema judicial salvadoreño


Redacción YSUCA / 12 abril 2021 / 5:36 pm

La misa de funeral de los sacerdotes jesuitas Ignacio Martín Baró, Joaquín López, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes y Amando López en la capilla de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) | Foto archivo de la UCA

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, presentó un resumen analítico sobre el Caso Jesuitas en España en el que se destaca que dicho juicio brinda elementos suficientes para que la justicia salvadoreña supere la impunidad histórica que arrastra desde la década de los ochentas.

Con la condena del coronel Inocente Montano en España, como el responsable de la muerte de cinco sacerdotes españoles en 1989, “el sistema judicial salvadoreño es, hoy más que nunca, el principal responsable para que se hagan valer los derechos de las víctimas del conflicto armado, y sus familiares; incluso en el Caso Jesuitas, puesto que la sentencia sólo recayó sobre uno de los responsables –el que fue extraditado– y a favor de las víctimas españolas”, señala el Idhuca.

Según el Instituto de Derechos Humanos de la UCA,  el juicio del Caso Jesuitas en España le ha dado importantes lecciones al sistema judicial de El Salvador porque, principalmente, se desarrolló por la desidia del sistema judicial salvadoreño, es decir, tuvo lugar porque en El Salvador, donde ocurrió la masacre, las víctimas y sus familiares no han encontrado una protección efectiva de sus derechos.

La sentencia española incluyó en su análisis algunos elementos del derecho internacional, condenó a Inocente Montano por el delito de asesinato terrorista con base en su legislación nacional. En el caso salvadoreño, la masacre ocurrida el 16 de noviembre de 1989, en la UCA, puede ser investigada, juzgada y sancionada bajo los delitos correspondientes contenidos en el Código Penal de 1973, por constituirse en hechos que encajan en las categorías internacionales de crimen de lesa humanidad y crimen de guerra y, por tanto, son hechos no amnistiados y no prescritos. 

El sistema judicial salvadoreño está obligado a implementar la justicia transicional sobre el Caso Jesuitas, incluso sin necesidad de esperar una nueva Ley de Reconciliación Nacional, por mandato de la misma inconstitucionalidad