Hace un año, El Salvador inició una cuarentena para contener el contagio del covid-19, sin embargo, se violaron derechos humanos.
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la noche del 21 de marzo del 2020, una cuarentena domiciliar a nivel nacional por 30 días.
“Todos estamos obligados por ley a quedarnos en casa”, afirmó Bukele durante la cadena nacional que se transmitió el sábado por la noche.
La cuarentena impuesta por el Gobierno fue vigilada por las autoridades de seguridad pública, derivando en serias violaciones a derechos humanos.
El informe anual de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, del 2020 afirma que los mecanismos de control que se utilizaron para contrarrestar el avance del covid-19 beneficiaron un resurgimiento del autoritarismo.
“Como es sabido se violaron derechos humanos que dejaron de cierta manera indefensos a los sectores más débiles de la población reflejando con ello una fuerte relación entre una tradicional despreocupación con los derechos humanos, característica de otros años y administraciones y las posibilidades de abuso que produce una situación de urgente y necesaria acción en un país que no ha cultivado el aprecio de dichos derechos”, indica el informe.
Un ejemplo de estas violaciones es el caso de Napoleón Martínez, quien fue detenido en el occidente del país por presuntamente haber violado la cuarentena domiciliar. Martínez aseguró que el Gobierno le violó sus derechos humanos por más de 40 días.
Napoleón dijo que su retención se produjo cuando andaba comprando alimentos para su familia.
Unas 64 personas fueron retenidas a pesar que sus pruebas de covid-19 dieron negativas, es por ello que pidieron en reiteradas ocasiones que les informaran sobre los protocolos para salir de la cuarentena.
Uno de los que sufrió estas vulneración es Antonio Reyes, quien estuvo retenido en el centro de contención en La Palma, Chalatenango, y cuando estuvo retenido comentó que habían personas adultas mayores con hipertensión o diabetes que se encontraban en un estado de depresión.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA José María Tojeira, señaló el año pasado que durante la cuarentena impuesta por Nayib Bukele se violó el derecho a la libertad, seguridad jurídica, integridad y libertad de prensa.
Estos derechos violados fueron consignados en los diversos informes del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH. El informe del mes de octubre del año pasado indicaba que se capturaron más de 2 mil personas por vulnerar la cuarentena, pero unas 16,756 fueron enviadas a centros de contención, sin justificación alguna.
La falta de alimentación, de distanciamiento social e incluso de camas, la falta de insumos, comida en mal estado, plazos de cuarentena vencidos, incumplimiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, presunta violación a los protocolos para el traslado de supuestos contagiados, denegación de informes sobre pruebas de covid-19 y hasta intimidación por parte de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC sucedieron, dice el director del IDHUCA el sacerdote jesuita, José María Tojeira.
Un año después de la cuarentena impuesta por el Gobierno, el informe anual de Derechos Humanos del IDHUCA del 2020 señala que la cuarentena por la pandemia afectó a todos, aunque con mayor gravedad a los más pobres, a los adultos mayores, a las mujeres y al personal de salud.
Por otro lado, se mostró un crecimiento de los conflictos entre los Órganos de Estado, a la vez se marcó un camino de acciones ilegales de la fuerza pública y la desobediencia y confrontación gubernamental con otras instituciones del Estado.
Con un 75 por ciento de la población en situación vulnerable económica, social, y educativa, es muy difícil afirmar que se respetan los Derechos Humanos, advierte el Informe del IDHUCA.
Además, la mujer y la niñez se ha llevado una de las peores partes, ya que según datos de la Fiscalía General de la República en los cinco primeros meses del año pasado se recibieron 974 denuncias de violaciones contra menores de edad, en donde 457 son casos de violación de menor o incapaz.
Por otro lado, hay costos que ha dejado la pandemia, como el aumento de la pobreza. Según la Comisión Económica para América latina y el Caribe, la pobreza creció en 8 puntos porcentuales, es decir que se pasó de un 32% por ciento a un 40%.
Durante 2020, el Instituto de los Derechos Humanos de la UCA recibió un total de 408 casos, de los cuales, 252 buscaban asesoría o acompañamiento legal en temas relativos a la detención en centros de contención, abuso policial, compatriotas varados en el extranjero e infracciones laborales tales como despidos injustificados y disminuciones de salario.
