Reformas estructurales para la Asamblea Legislativa
Editorial UCA
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Desde hace muchos años, la Asamblea Legislativa es objeto de señalamientos por su ineficiencia y por el uso abusivo de fondos públicos. A excepción de los últimos cuatro ejercicios presupuestarios, el presupuesto de este órgano del Estado se ha caracterizado por incrementarse constantemente, la mayoría de las veces sin justificación clara. Las críticas por los abultados gastos de los legisladores han sacado a la luz pública suntuosos banquetes en ocasión de actos solemnes, lujosas camionetas para uso discrecional, bonos de combustible, un pequeño ejército de asistentes y asesores al servicio de cada fracción, viajes al extranjero con todos los viáticos pagados, seguros médicos hospitalarios, entre otros. Además, en no pocas ocasiones se ha descubierto que algunos diputados pagaban con fondos público a personas que realizaban para ellos tareas sin ninguna relación con el trabajo legislativo. Todo ello ha influido en la baja estima y confianza ciudadanas en la Asamblea: las muchas prebendas y elevado nivel de vida de los que gozan los diputados no se justifican por el trabajo que realizan ni están en relación con la vida del salvadoreño común.
Ahora ha emergido otra polémica ante la denuncia de plazas fantasmas. El señalamiento, en realidad, no es novedoso, pero debe servir para que por fin se investigue a profundidad y, en caso de existir fundamentos, se deduzcan responsabilidades. Y no habría que parar ahí, al menos si es real el interés en desmontar los vicios del pasado: el 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa debería iniciar un proceso de transformación profunda de la institución. La actual dirección de la Asamblea Legislativa intentó, tardíamente y con excesiva lentitud, poner orden ante tanto descontrol. Para ello pidió la cooperación del Congreso español, que envió una comisión para realizar un diagnóstico de la situación y recomendar las reformas necesarias para una Asamblea Legislativa más eficiente.
Uno de los aspectos que más impresionó a la comisión fue el enorme número de trabajadores de la Asamblea Legislativa. Se comentó que alcanzaban la cifra de tres mil, lo que significa 36 trabajadores por cada diputado, muy lejos del 1.5 trabajadores por cada congresista español. Asimismo, les llamó la atención que las contrataciones de personal fueran potestad de las fracciones legislativas y que no hubiera procesos para definir la idoneidad y capacidad profesional de los futuros funcionarios legislativos. Señalaron también la ausencia de un cuerpo técnico jurídico profesional, al servicio de la institución y no de una determinada fracción política, que apoyara en la elaboración y revisión de los proyectos de ley que se someten a aprobación, tal como tienen la mayoría de los Congresos alrededor del mundo.
La nueva Asamblea Legislativa está llamada a poner fin a esta larga historia de prebendas, despilfarro, abusos y clientelismo político. Cuenta ya con el diagnóstico y la propuesta de apoyo para la reforma elaborados por el Congreso de Diputados español. Ese valioso insumo tiene que ser aprovechado. No basta con quejarse sobre lo mal que lo hicieron los otros; desde el momento en que ocupe sus curules, la mayoría de Nuevas Ideas debe dar muestras evidentes de que las cosas serán distintas y mejores, que se establecerán normas y reglamentos con el fin de que se cumplan, que se actuará con transparencia y respeto, que se trabajará en beneficio del pueblo salvadoreño. Solo a través de acciones de ese tipo podrá rescatarse a la Asamblea Legislativa del pantano en el que está hundida.