Eran jóvenes pobres, campesinos, indígenas, ciudadanos comunes y corrientes que fueron víctimas de una práctica macabra del Ejército colombiano conocida como “falsos positivos”. En el marco del conflicto armado, los militares asesinaron a civiles y los hicieron pasar por guerrilleros caídos en combates, incluso disfrazando sus cuerpos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), establecida a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016, reveló este jueves que por lo menos 6.402 personas murieron a manos del Ejército entre 2002 y 2008, es decir tres veces más de lo que se estimaba hasta ahora. Para la JEP, se trata de un “fenómeno macrocriminal”.
Jacqueline Castillo, directora del Colectivo MAFAPO (Madres Falsos Positivos) de Soacha, reconoce que la justicia dio un paso más hacia la verdad: “Aunque no es una noticia sorprendente, porque sabemos por organizaciones de Derechos Humanos que son más de 10.000 casos, es gratificante conocer esta cifra y que se haya publicado, porque con esto se demuestra que el número de víctimas aumentó en los periodos de Álvaro Uribe Vélez”.
Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los múltiples crímenes, evidenciando un “body count”, un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna. Hasta el año pasado, la Fiscalía había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014 e investigaba a 29 generales.
Castillo subraya que estos resultados fueron logrados gracias al trabajo de la JEP, a lo que contaron algunos militares sobre dónde fueron sepultadas las víctimas, y las fosas comunes nuevas que fueron encontradas mostrando que “son casos de ejecuciones extrajudiciales”.
Sin embargo, según ella, “el camino aún está muy largo, ya son 13 años de esta larga lucha, aún no tenemos condenados, fueron destituidos algunos generales de este periodo, pero no han sido condenados”.
Todo indica que esta práctica obedecía a ordenes de la cúpula militar: “Fue realmente una política de Estado, se incrementaron porque había presión por las bajas, a los militares los calificaban de acuerdo a las bajas, sus ascensos eran de acuerdo a los resultados”, explica Jacqueline Castillo.
El expresidente Uribe, que rechaza la competencia de la JEP por considerarla una concesión a la guerrilla que combatió ferozmente, consideró que el tribunal está cometiendo un “atropello” en su intento por “desacreditar” a su gobierno.