La ley de Reconciliación Nacional es una deuda de la actual gestión legislativa
Asamblea Legislativa | Foto Radio YSUCA, Jaime Romero
La Ley especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada el 26 de febrero de 2020 y fue vetada por la Presidencia de la República.
A pocos meses para que finalice la actual gestión legislativa se mantiene la deuda de cumplir con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
A juicio del diputado de ARENA e integrante de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, René Portillo Cuadra, la ley pendiente está en manos de la Sala de lo Constitucional.
“La Asamblea Legislativa dio una ley para poder cumplir con la sentencia relativa al proceso de amnistía. El presidente la vetó y será la Corte Suprema de Justicia la que determine la controversia si tiene la razón la Asamblea Legislativa o si tiene la razón el Órgano Ejecutivo. Nosotros en este tema siempre hemos sido muy respetuosos de la ley”, aseguró Portillo.
El diputado del FMLN y quien fue parte de la Comisión Ad hoc que estudió la ley, Damián Alegría, espera que la actual gestión legislativa cumpla con la emisión de una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
“Que cumpla con lo establecido en la Sentencia de la Sala (de lo Constitucional). El FMLN como partido tiene y mantiene la posición de apoyar a las víctimas en cualquier redacción que tenga esta ley. Si las víctimas están de acuerdo con esa redacción, nosotros vamos a dar nuestros votos. Pero si las víctimas no están de acuerdo, nosotros para ninguna ley que intente violentar los derechos”, indicó Alegría.
El diputado del actual partido de Gobierno GANA, Mario Tenorio, manifiesta que cumplir con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es una tarea pendiente que debe resolverse y recuerda que la Asamblea Legislativa ha tenido una participación directa y muy dinámica en torno al tema.
Por lo tanto, Tenorio insiste en que es una tarea pendiente: “Y nos obliga la sentencia a establecer esa normativa. Pienso que esta legislatura no puede concluir sin que se resuelva el tema de la Ley de Reconciliación Nacional.Primero porque nos mandata la Sala de lo Constitucional pero más que eso, por la carga de responsabilidad moral que tenemos en torno al tema” , sostuvo tenorio.
El 13 de julio de 2019 la Sala de lo Constitucional también exigió a la Presidencia de la República y al ministro de Defensa que elaboraran un instrumento normativo de naturaleza ejecutiva para acceder a la documentación e información que se encuentra en poder del instituto castrense.
La diputada del FMLN, Elizabeth Gómez, critica que el presidente de la República se presentara a la zona donde se ejecutó la masacre “El Mozote” y previo a esto cerrara el acceso a los archivos militares.
“Yo lamento que se hable de justicia, que se hable de que los Acuerdos de Paz son mancillados. Realmente, eso para mí es repudiable porque dónde quedan todos aquellos hombres y mujeres que ofrecieron la vida por un estado de derecho, por respeto a sus derechos humanos.
Hay que recordar de que venimos de una persecución, de muertos, de desaparecidos. Eso no hay que olvidarlo. Por eso hay que seguir defendiendo lo débil, lo tierno o lo ya establecido dentro de esta democracia del país”, sostuvo Gómez.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia realizó el 30 de octubre de 2020 la tercera audiencia de seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, emitida en julio de 2016.
En la audiencia, representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, participaron en calidad de amicus curiae. Expresaron que la Ley de Reconciliación aprobada en la Asamblea Legislativa es inconstitucional en algunos de sus elementos y recomendaron a la Sala de lo Constitucional crear mecanismos que permitan pronta y cumplida revisión de obligaciones que deben cumplir jueces y Sala, para evitar que órdenes sean truncadas o dilatadas. Y que facilite a víctimas acceso directo y rápido sobre decisiones judiciales.