Chile tiene diez pueblos originarios que suman cerca de 2.100.000 habitantes. La mayoría son mapuches. También hay rapanui, collas, quechuas, por mencionar algunos. En consenso estas etnias proponen que se les otorgue 20 escaños dentro de los 155 participantes de la Convención que redactará la nueva Constitución.
“Es una razón de dignificación, de dignidad”, dice a RFI el presidente de la Confederación de Profesionales Mapuches Enama, Hugo Alcamán. “Si los chilenos tienen 155 escaños, resultado de la proporcionalidad que se hizo en un momento de la representación. Entonces ¿por qué nosotros no podemos tener la misma proporción en el proceso constituyente? Si nosotros somos el 13% de la población nos corresponde 20 escaños. ¿Por qué nosotros nos consideraría menos cuando nos corresponde más? Es un problema de dignidad y de justicia.”
Esta es una de las propuestas. La que está actualmente en la mesa es la que enfrenta la oposición que propone 24 escaños, mientras que la coalición del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera propone 15.
“Ya hemos planteado muchas veces que es un derecho tener representación política en el Parlamento, senador y diputado indígena, como ya lo tienen otros países”, dice Alcamán. “Nosotros sabemos, porque conocemos a los chilenos, que el número que se establezca de Constituyentes va a ser el número que finalmente va a servir de base para determinar cuántos senadores y cuántos diputados indígenas vamos a tener derecho. Entre más constituyentes tengamos, mejor va a ser el número a discutir el día de mañana, sabiendo que nunca vamos a tener esa cantidad. Por lo menos vamos a tener los números sobre la mesa. Siento que nos va a permitir negociar mejor.”
La normativa aprobada ya en la Cámara de Diputados será sometida ahora a una comisión mixta integrada por senadores y diputados que deberán llegar a un acuerdo.
La iniciativa para establecer escaños reservados fue acordada por las fuerzas políticas el mismo día en que se acordó la realización de un plebiscito para decidir el cambio o no de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como una forma de desactivar la grave crisis social que se inició tras las protestas del 18 de octubre de 2019.
Pero en el acuerdo no se explicitó la fórmula en la que se concederían los escaños. La Comisión mixta debe resolver las diferencias que existen sobre esta normativa.
Con AFP